El Gobierno de la India ha puesto en marcha un mecanismo de vigilancia sobre la plataforma de mensajería Telegram, tras confirmar mediante una investigación interna que la aplicación está siendo utilizada a gran escala para perpetrar fraudes cibernéticos y difundir material delictivo. Un informe confidencial de 35 páginas elaborado por el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos del Ministerio del Interior (al que tuvo acceso la agencia Reuters) reveló que el Estado está "monitoreando de forma proactiva" los grupos y canales cerrados de la aplicación para frenar una crisis de seguridad digital que ya afecta a millones de ciudadanos.
El documento oficial fue presentado ante los tribunales como parte de la defensa del Ejecutivo tras la prohibición de una semana impuesta a Telegram, originada por la supuesta filtración masiva de un examen nacional de ingreso a la facultad de medicina a través de sus canales. Aunque la restricción judicial fue levantada este martes, las autoridades impusieron sanciones operativas inmediatas, decretando que la función que permite a los usuarios editar mensajes antiguos permanecerá completamente inhabilitada en todo el territorio indio hasta el próximo 30 de junio como medida de mitigación de daños.
A las autoridades de Nueva Delhi les preocupan las funciones de privacidad y el cifrado de la aplicación, las cuales permiten a las personas interactuar y crear comunidades multitudinarias sin necesidad de revelar un número de teléfono real. El informe advierte que este anonimato estructural dificulta la detección de la identidad de los delincuentes y fomenta la migración de redes criminales hacia sus servidores.
Los indicadores estadísticos contenidos en el informe del 10 de junio exponen un panorama alarmante para el mercado más grande de Telegram, donde posee más de 150 millones de usuarios activos. Desde el año 2023, las agencias de seguridad indias han recibido más de 688.000 quejas formales que vinculan a la aplicación con redes de fraude cibernético, esquemas que han provocado una pérdida económica estimada en unos 750 millones de dólares para los ciudadanos. Las capturas de pantalla anexadas por los investigadores muestran desde anuncios de empleo falsos hasta la distribución ilegal de copias pirateadas de superproducciones de Bollywood.
Ante el tribunal indio, los representantes legales de Telegram intentaron minimizar el impacto de la investigación criminal, argumentando que una auditoría interna realizada por la compañía determinó que el contenido ilegal representa menos del 0,1% del tráfico total de su plataforma. La empresa tecnológica ha defendido la transparencia de sus servicios, asegurando que desde 2018 ha implementado algoritmos de detección que han logrado "eliminar prácticamente" la difusión pública de material delictivo de sus servidores globales.
Sin embargo, las conclusiones presentadas por el Gobierno de la India coinciden con una ola de investigaciones internacionales que mantiene a la aplicación bajo intensas regularizaciones. En los últimos dos años, Francia inició procesos penales por actividades de crimen organizado en la app; España suspendió temporalmente su uso por infracciones a los derechos de autor; Corea del Sur enfrentó una crisis pública por la proliferación de videos deepfake de carácter sexual; y el regulador británico activó protocolos de inspección tras detectar fallas en los moderadores de la firma.
(Con información de Reuters)
