El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, concebido para frenar la delincuencia de las mafias y devolver el control de las fronteras exteriores a las naciones soberanas, ha entrado en vigor el pasado viernes 12 de junio en medio del boicot del Gobierno socialista español. A pesar de la urgencia comunitaria por frenar la inmigración descontrolada mediante fronteras sólidas y seguras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por la insumisión institucional, resistiéndose a aplicar los pilares fundamentales del texto normativo.
🇪🇸🇪🇺‼️ | El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea ha entrado en vigor. A pesar de que el marco comunitario busca consolidar fronteras exteriores sólidas y agilizar las deportaciones, el gobierno socialista de Pedro Sánchez rechaza la adopción de medidas clave… pic.twitter.com/9WEVVh6GfA
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 13, 2026
Esta calculada parálisis sitúa una vez más a Madrid en el bando del buenismo migratorio, dando la espalda a la firmeza jurídica que ya aplican con éxito otros socios europeos. La resistencia del bloque socialista se concentra en los mecanismos más efectivos del nuevo Reglamento de Retornos, que permite la creación de centros de internamiento seguros en terceros países para tramitar las expulsiones de forma ágil.
Siguiendo la agenda ideológica de la izquierda más radical, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó estas medidas de "desproporcionadas", desarmando al Estado frente a las redes de tráfico humano. Esta decisión de mantener una política de fronteras abiertas afecta de manera criminal a regiones periféricas como Canarias, Ceuta y Melilla, cuyos gobiernos autonómicos denuncian que la Moncloa está convirtiendo sus territorios en cárceles a cielo abierto por su rotunda negativa a ejecutar las devoluciones.
La nueva legislación europea impone también un procedimiento fronterizo acelerado, diseñado para identificar y expulsar en tiempo récord a quienes ingresen al espacio común de forma ilegal y sin documentación. Sin embargo, para que este control exprés sea efectivo, España requiere reformar de inmediato su laxa Ley de Extranjería. Expertos del sector aseguran que el desinterés de la Administración Sánchez por agilizar estos trámites obedece a un intento deliberado de mantener el actual limbo jurídico, el cual favorece el efecto llamada y desprotege el orden público.
El bloque de control parlamentario del que depende el presidente socialista (integrado por agrupaciones como Podemos, ERC, BNG y Bildu) ha vetado cualquier ley que implique el endurecimiento de los controles fronterizos o la expulsión automática de infractores. Incapaz de gobernar con autonomía y priorizando su permanencia en el poder por encima de la seguridad nacional, el aparato de la Moncloa prefiere desacatar los mandatos de Bruselas antes que arriesgarse a una ruptura con sus aliados de la extrema izquierda.
La Moncloa ha ignorado las peticiones de las comunidades autónomas para convocar la Conferencia Sectorial de Inmigración. El aparato de Sánchez rechazó coordinar con los gobiernos autonómicos la expansión de la base de datos biométricos Eurodac y la recogida de imágenes faciales de los ingresantes, dejando a los cuerpos de seguridad locales desprovistos de directrices claras y prolongando la opacidad en la gestión de las cuotas de reubicación de menores.
(Con información de ABC)
