El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador de la maquinaria burocrática para consumar, por la vía rápida y sin control, una regularización masiva de más de 1.3 millones de inmigrantes. Esta maniobra de urgencia, activada en los despachos de la Moncloa, tiene un objetivo estrictamente político: otorgar de forma indiscriminada autorizaciones provisionales de residencia y trabajo antes del próximo 7 de julio, burlando de facto la capacidad de actuación del Tribunal Supremo (TS), que se dispone a dirimir si el proceso vulnera flagrantemente el derecho comunitario de la Unión Europea.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha acorralado al Ejecutivo al otorgar un plazo improrrogable de cinco días para decidir si eleva una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ante el pánico de que la justicia europea paralice de inmediato el decreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha optado por blindar a los solicitantes mediante permisos provisionales. Con esto, una vez que el inmigrante en situación irregular obtiene el papel provisional, el Gobierno asegura que la medida ya no puede ser suspendida por los tribunales, ejecutando una política de hechos consumados que pasa por encima de la separación de poderes.
La irresponsabilidad en la planificación del Ejecutivo ha quedado al descubierto tras el cierre definitivo del plazo de solicitudes. Rompiendo con todas las promesas de una "migración ordenada", el volumen final de peticiones ha pulverizado las previsiones oficiales, alcanzando una cifra récord que triplica los 500.000 casos que el Gobierno utilizó para vender la medida a la opinión pública. La Moncloa ocultó sus propios informes técnicos, que ya manejaban un escenario de máximos de un millón de personas, demostrando una total falta de transparencia.
El resultado de esta política de improvisación es el colapso absoluto de las Oficinas de Extranjería, sepultadas bajo una montaña de más de medio millón de expedientes que ni siquiera han podido ser informatizados en las bases de datos. Los sindicatos policiales y de la función pública denuncian que la administración central se encuentra paralizada, lo que ha obligado al Ministerio de Política Territorial a lanzar un ruego para captar funcionarios voluntarios de otros departamentos, además de recurrir a la contratación masiva y precaria de personal externo a través de la empresa pública Tragsa para intentar camuflar el atasco burocrático.
Esta regularización descontrolada ha reabierto una profunda brecha con las comunidades autónomas de Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana, cuyos gobiernos civiles han impugnado formalmente el proceso ante los tribunales. Las autonomías denuncian que la Moncloa aprueba estas medidas de cara a la galería pero traslada de forma irresponsable el coste social y económico a las administraciones regionales, que tendrán que financiar el severo impacto en la sanidad pública, la educación y los servicios sociales, ya de por sí tensionados por la falta de recursos y la nula cogobernanza del Ejecutivo central.
(Con información de ABC y El Mundo)
