El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, anunció de forma oficial la presentación de un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir la suspensión inmediata del derecho al voto por correo de los ciudadanos adscritos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La formación liderada por Santiago Abascal fundamenta su solicitud en el riesgo latente de manipulación y en el desborde absoluto de un registro exterior que tachan de terriblemente opaco.
La maniobra de Vox busca frenar en seco el impacto de la denominada "ley de nietos", un mecanismo administrativo que ha acelerado la concesión de la nacionalidad a descendientes de emigrantes y exiliados. De acuerdo con las estadísticas oficiales esgrimidas por el grupo parlamentario, el ritmo de inscripciones en el censo exterior ha experimentado una aceleración del 7,2 % entre 2020 y 2023 a un 17,9 % en el periodo comprendido entre 2023 y 2026. Ante este panorama, Vox reclama que el sufragio desde el extranjero retorne de manera estricta y exclusiva a la modalidad presencial en las sedes consulares para blindar las elecciones.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arropó la tesis del desborde censal al acusar directamente a Pedro Sánchez, de pretender utilizar la legislación de memoria para "fabricar dos millones y medio de votantes" nuevos de cara al ciclo electoral de 2027. Durante una comparecencia en la televisión autonómica de Murcia, el líder de los populares exigió la paralización del proceso extraordinario de nacionalización, argumentando que se están expidiendo millones de pasaportes con derechos políticos a personas que, en su inmensa mayoría, jamás han pisado el territorio nacional ni mantienen un vínculo real verificado con las provincias españolas.
El núcleo de la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central también apunta a las graves lagunas en la verificación y custodia de la documentación en las devaluadas demarcaciones consulares de América Latina. Figaredo precisó que, a diferencia de lo que ocurre dentro del territorio nacional donde se exige la identificación rigurosa del ciudadano tanto al solicitar como al depositar la papeleta, el voto por correo exterior carece de garantías plenas de identidad.
Asimismo, la oposición ha solicitado una auditoría técnica profunda sobre los contratos de externalización de servicios de gestión documental que los consulados han firmado con corporaciones privadas como Neoris y el grupo estatal cubano Palco, encargados de procesar la ingente montaña de expedientes. A los reclamos se unió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien manifestó en el Congreso de los Diputados su preocupación por una velocidad de nacionalización que considera insólita en el contexto de la Unión Europea.
A las acciones de los partidos tradicionales se sumó la plataforma civil Hazte Oír, organización que formalizó la entrega de 50.000 firmas ante las instituciones de la Unión Europea en Bruselas para exigir una fiscalización de emergencia del censo CERA, alertando en un comunicado que el plan gubernamental busca tener un bolsón de votos disponible para ser activado de forma opaca cuando las encuestas demuestren la caída del bloque oficialista.
(Con información de El País y EFE)
