En una providencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, los magistrados han abierto de par en par la puerta a la paralización inmediata del proceso tras constatar serias dudas de legalidad. El Alto Tribunal responde así a los recursos interpuestos por los gobiernos regionales de Aragón y la Comunidad Valenciana, cuestionando con dureza que un Estado miembro pueda conceder de forma unilateral y masiva autorizaciones de residencia ordinaria a ciudadanos extranjeros eludiendo los mecanismos de control y verificación esenciales del bloque comunitario.
La resolución judicial desmonta la arquitectura administrativa de una medida que, lejos de cumplir las previsiones de la Moncloa, ha terminado por desbordar las capacidades del Estado y relajar los filtros de seguridad del país. Mientras el Ministerio del Interior estimaba inicialmente incorporar a un máximo de 500.000 personas en situación irregular, el cierre del plazo formalizado este martes registra ya una avalancha que supera las 1.200.000 solicitudes. Este monumental desfase no solo ha saturado las oficinas de Extranjería y las plataformas telemáticas, sino que ha encendido las alarmas de las fuerzas de seguridad ante la imposibilidad material de realizar un cribado riguroso, veraz e individualizado de los solicitantes.
El núcleo de la reprimenda judicial del Supremo se concentra en seis bloques de incompatibilidades que chocan de frente con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE. Los magistrados subrayan con especial gravedad que el Real Decreto español pretende convertir de forma automática el derecho de permanencia temporal de los solicitantes de protección internacional en una autorización de residencia ordinaria de carácter general. Lo más alarmante, según el texto de la providencia, es que la norma de la Moncloa premia el mero hecho de la estancia irregular y llega a decretar el archivo masivo de expedientes de expulsión y devolución judicial de ciudadanos extranjeros que ya se encontraban firmes por las vías ordinarias.
La tormenta doméstica ha trascendido rápidamente a la escena diplomática en Bruselas, donde el Ejecutivo español ha quedado severamente aislado durante el último Consejo Europeo debido a la falta de coordinación con sus socios. Mandatarias como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o la danesa, Mette Frederiksen, afearon directamente a Sánchez que actúe de espaldas a los tratados de solidaridad comunitaria.
"Lo que haces afecta directamente a los demás países", llegó a espetarle Meloni al presidente español durante el debate entre líderes.
Es importante recordar además que, el Código de Fronteras Schengen concede a los regularizados un derecho implícito de libre circulación por todo el territorio europeo durante 90 días, exportando el impacto de la política migratoria española al resto de la Unión Europea.
Con este escenario de desborde institucional, el Tribunal Supremo ha otorgado un plazo perentorio de cinco días a las partes personadas para formular alegaciones antes de elevar una cuestión prejudicial interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fuentes del Alto Tribunal confirman que los magistrados debaten de forma prioritaria la suspensión cautelar de la eficacia del Real Decreto mientras la justicia europea dirime el encaje legal del texto. De concretarse esta medida cautelar en las próximas jornadas, el masivo proceso de regularización impulsado por la Moncloa quedará judicialmente congelado.
(Con información de El Mundo y 20 Minutos)
