Según desvela una investigación del diario ABC España, el nerviosismo se ha transformado en pánico abierto dentro de las filas socialistas ante la posible imputación del partido como persona jurídica. Los propios dirigentes de la formación, conscientes de la gravedad de los delitos cometidos en Ferraz bajo la actual dirección, han comenzado a admitir en privado que el dictamen judicial es inevitable y que significará el descalabro de la organización de cara al ciclo electoral de 2027, sentenciando con crudeza que "sería el final".
La instrucción penal dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, avanza con paso firme en el desmantelamiento de una presunta red de financiación ilegal y falsedad documental que operaba en el corazón del partido. El foco de la justicia se sitúa sobre los pagos sistemáticos de hasta 4.000 euros mensuales que el PSOE realizaba a Leire Díez, señalada como la 'fontanera' de una trama criminal dedicada al espionaje y a la desactivación de causas judiciales que salpicaban directamente al entorno de la Presidencia del Gobierno.
Los autos del juez constatan que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuó como el jefe operativo que puso la propia estructura del partido a total disposición de los delincuentes. En el marco de las pesquisas policiales, la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) incautó el Plan de Cumplimiento Normativo (compliance) en la sede central de Ferraz con el fin de destapar cómo la cúpula sorteó a sabiendas los mecanismos de control contra el blanqueo de capitales durante los ejercicios 2024 y 2025.
El magistrado Pedraz ya ha calificado formalmente como fraudulentas las facturas con las que el PSOE pretendía camuflar el desvío de dinero a la red delictiva, logrando rastrear transferencias ilícitas canalizadas a través de consultoras afines, un medio de comunicación cómplice y bufetes de abogados. Ante la contundencia de las pruebas, el juez ha exigido el vaciado de los movimientos bancarios tanto del PSOE nacional como del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
A pesar de la abrumadora carga de pruebas que constan en los sumarios judiciales, el palacio de la Moncloa y los portavoces oficiales del Gobierno han optado por la negación. La estrategia defensiva del Ejecutivo se limita a alegar una supuesta falta de indicios directos contra el presidente, pretendiendo desvincularlo de la trama a pesar de reconocer abiertamente que las iniciales "P. S." que copan las agendas de la red criminal corresponden a Pedro Sánchez.
De acuerdo con lo publicado por ABC España, el malestar de las bases es absoluto ante la inacción y la falta de asunción de responsabilidades políticas. En los diferentes estamentos de la organización no se tolera que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, continúe manejando los fondos del partido a pesar de encontrarse formalmente imputada en la causa por corrupción. Los socios parlamentarios de investidura, han establecido la acreditación de la financiación ilegal como el punto de no retorno para retirar su apoyo en las Cortes Generales.
(Con información de ABC España)
