El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dictó un auto este sábado en el que acuerda de manera oficial la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español. Ante la gravedad de las penas solicitadas y el peligro latente de que la procesada intente eludir la acción de la justicia ordinaria, el magistrado ha ordenado la retirada inmediata de todos sus pasaportes (tanto ordinarios como diplomáticos) y le ha prohibido expresamente la salida de España.
La resolución del instructor acorrala de igual manera a Cristina Álvarez, exasesora de la Presidencia en el complejo gubernamental y señalada por actuar como el apoyo logístico permanente para los fines privados y académicos de Gómez utilizando fondos públicos. Ambas acusadas han quedado sujetas a un esquema de control judicial obligatorio, mediante el cual deberán acudir de forma presencial a firmar dos veces al mes en la sede de los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Por su parte, el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés, socio estratégico en los negocios de la cátedra de Gómez, se libró de las medidas cautelares únicamente debido a que se encuentra gravemente enfermo.
El auto judicial deja inválida la estrategia de defensa del entorno de Pedro Sánchez, cuyas terminales gubernamentales salieron de inmediato a denunciar una supuesta "persecución política". Desde Moncloa se intentó desacreditar al instructor alegando que la causa "carece de sentido jurídico"; sin embargo, el juez Peinado ha defendido en su escrito la proporcionalidad de las medidas, fundamentando que la gravedad intrínseca de los delitos investigados acrecienta de forma objetiva la tentación de huir. Incluso, en un apartado controvertido, el magistrado advirtió que la presencia de escoltas oficiales de la Policía no mitiga el peligro de fuga, sugiriendo que los agentes podrían verse obligados a colaborar en su evasión por sumisión a órdenes jerárquicas superiores.
Cuatro graves delitos que la sentarán en el banquillo
Salvo que la Audiencia Provincial de Madrid estime los últimos recursos desesperados de los investigados, Begoña Gómez y sus colaboradores se sentarán en el banquillo para ser juzgados por un jurado popular. El auto dictado por el tribunal unifica los cargos definitivos bajo cuatro tipologías penales que evidencian un presunto entramado de corrupción institucionalizada: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El cargo de malversación, ratificado indiciariamente por la instancia superior, ha sido el detonante clave para que todo el caso quede bajo las reglas del tribunal del jurado.
La sólida tesis de la instrucción apunta a que Gómez aprovechó su proximidad y su relación con el presidente del Gobierno español para impulsar de forma irregular su proyección profesional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). A través de esta posición de influencia singular, la investigada logró captar financiación, patrocinios y un singular respaldo institucional y empresarial para su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, beneficiando de forma cruzada con adjudicaciones y millonarios contratos públicos a las sociedades del grupo del empresario Juan Carlos Barrabés, quien previamente había avalado sus proyectos académicos.
El cisma de la apropiación indebida del software público
Otro de los flancos más comprometedores del auto radica en el presunto delito de apropiación indebida de una plataforma tecnológica o software diseñado específicamente para la referida cátedra universitaria. La acusación popular, liderada por la organización HazteOir (cuyas peticiones cautelares fueron acogidas casi en su totalidad por el juez tras la audiencia preliminar del lunes), sostiene que la esposa del líder del PSOE "se apropió y puso bajo su exclusivo control y disposición" un programa informático financiado por corporaciones privadas y licitado por la propia universidad pública, omitiendo deliberadamente su obligación de reintegrarlo al patrimonio estatal.
Aunque la defensa técnica de Gómez y el Ministerio Fiscal han intentado rebajar la gravedad de la causa alegando que el lucro total percibido de manera directa de la Complutense ascendió a 34.314 euros a lo largo de una década, la resolución judicial subraya el carácter permanente y expansivo de la estructura montada a la sombra del poder del Estado. Con la apertura de juicio oral y la retención forzosa de sus documentos de viaje, la esposa del presidente queda formalmente arraigada en España para responder ante los ciudadanos.
(Con información de El Confidencial y El Diario)
