Informes internos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman que Mali se ha convertido en una de las nacionalidades que más ha incrementado sus autorizaciones de residencia en el último año. A fecha de 31 de marzo de 2026, un total de 60.435 inmigrantes de origen maliense contaban con permisos legales en régimen de extranjería, lo que representa un aumento del 25,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
🇪🇸🇲🇱‼️ | Según reportes de La Gaceta, informes oficiales sobre la concesión de autorizaciones de residencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelan que la nacionalidad de Mali registra uno de los mayores incrementos de regularización en el último año… pic.twitter.com/ARpLXs6Hmm
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 20, 2026
La composición demográfica de este flujo migratorio masivo ha despertado una profunda preocupación entre los analistas de inteligencia militar y policial. De acuerdo con los datos estadísticos oficiales, el 91% de los malienses que han obtenido la legalidad administrativa en España son hombres, cuya edad media se sitúa en los 33 años, mientras que los menores de 16 años apenas representan un residual 6%.
Se trata, por consiguiente, de un contingente casi exclusivamente masculino, joven y en plena edad activa, desvinculado de perfiles de reagrupación familiar tradicionales y originario de una región que el Informe Anual de Seguridad Nacional 2025 cataloga formalmente como el epicentro de la mayor amenaza yihadista en el Sahel, con fuerte arraigo de las filiales de Al Qaeda (JNIM) y el Estado Islámico (Daesh-ISGS). Altos mandos de la Policía Nacional consultados han denunciado de forma unánime que los requisitos exigidos por la administración para conceder estos permisos han sido "mínimos" e insuficientes para garantizar la seguridad nacional.
El procedimiento consta de la mera presentación de una solicitud de protección internacional con relatos de presunta persecución para que los solicitantes obtengan una identificación provisional y, posteriormente, accedan a la regularización. Las mismas fuentes policiales advierten de la absoluta imposibilidad material de verificar o contrastar la veracidad de los testimonios y los antecedentes de los solicitantes debido al colapso institucional y el caos registral que impera en el Sahel.
El riesgo se multiplica a medio plazo debido a los beneficios normativos que otorga la legislación española a quienes entran por la vía del asilo. Una vez que obtienen el estatus de protección internacional o refugio, estos ciudadanos ven reducido el plazo legal exigido para solicitar la nacionalidad española de los diez años generales a tan solo cinco años de residencia continuada.
La práctica administrativa flexible implementada en las oficinas de extranjería permite que un volumen masivo de estos inmigrantes inicie sus trámites de nacionalización de manera exprés, adquiriendo pasaporte español con plenos derechos de libre circulación por toda la Unión Europea.
La pasividad administrativa ante este fenómeno contrasta con las advertencias de los sindicatos policiales y los expertos en fronteras, quienes exigen la suspensión inmediata de las concesiones automatizadas y la implantación de misiones de verificación sobre el terreno. El masivo incremento de nacionales malienses en suelo español, detectado inicialmente en las rutas de cayucos hacia las Islas Canarias y consolidado ahora en los registros ministeriales de Madrid, supone un desafío para la seguridad pública.
(Con información de La Gaceta de la Iberosfera y El Diario de Cádiz)
