El juez Juan Carlos Peinado acordó enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La resolución judicial atribuye a la imputada la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Asimismo, el auto decreta la apertura de juicio oral contra su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, en calidad de cooperadora necesaria.
El magistrado sitúa la presunta malversación en el uso indebido del software desarrollado para la cátedra de la Universidad Complutense. Además, la investigación abarca la utilización de recursos públicos de la residencia oficial para gestionar proyectos y gestiones de carácter privado. La causa atribuye a la esposa del jefe del Ejecutivo gestiones irregulares en favor de las empresas del adjudicatario Juan Carlos Barrabés.
El auto dictado por el instructor ordena auditar la capacidad financiera de la procesada ante eventuales responsabilidades económicas. Para ello, el juzgado libró un oficio a la Agencia Tributaria exigiendo las últimas cinco declaraciones del IRPF. En paralelo, la Audiencia Provincial de Madrid delimitó el procedimiento excluyendo los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.
La acusación formal contra Cristina Álvarez se fundamenta en su participación activa en la gestión de convenios, patrocinadores y tareas operativas. El magistrado del juzgado de instrucción concluye que el trabajo prestado por la funcionaria excedió las labores de apoyo institucional que le correspondían. Las partes acusadoras solicitan penas de cárcel para ambas imputadas, mientras que la Fiscalía pide la absolución.
La resolución se emitió en la fase final de la instrucción antes de formalizar la jubilación del magistrado del caso. El expediente tramitado pasará ahora a la Audiencia Provincial de Madrid para fijar el calendario y constituir el tribunal del jurado. El proceso judicial determinará en vista pública la existencia de responsabilidad penal por la utilización de recursos estatales para iniciativas privadas.
(Con información de Europa Press y EFE)