El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado una resolución este martes en el que rechaza de forma tajante el archivo de la causa contra Begoña Gómez. El magistrado no solo mantiene los cargos contra la esposa del presidente del Gobierno, sino que ratifica su decisión de que el procedimiento sea enviado a un tribunal de jurado popular. Esta resolución afecta también a los otros dos investigados en la trama: su asesora personal, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes pretendían el sobreseimiento de las actuaciones.
El magistrado ha sido especialmente crítico con la naturaleza de los hechos investigados, señalando que el uso de influencias para beneficio personal desde la cúspide del poder es una conducta anacrónica en una democracia moderna. Peinado sostiene que existen indicios sólidos de que Gómez utilizó su "posición relacional" como cónyuge del presidente del Gobierno para obtener ventajas indebidas, especialmente en lo relativo a su cátedra en la Universidad Complutense.
"Estas conductas, que provienen de palacios presidenciales, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados, para las que quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII", sentenció el magistrado en su resolución.
La investigación apunta a que Begoña Gómez habría incurrido en un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre un software desarrollado con recursos de la universidad y de empresas privadas. El juez subraya que la investigada actuó como "gestora principal" del proyecto para luego desviar el activo tecnológico hacia sus propios intereses comerciales y marcas personales, frustrando así el destino público del bien. Este desvío de recursos universitarios hacia una mercantil privada de su propiedad constituye uno de los pilares del procesamiento.
Asimismo, la resolución refuerza la imputación por malversación al señalar que Gómez dispuso de forma estable de una empleada de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, para tareas que nada tenían que ver con el interés general. Según el instructor, la esposa del líder socialista utilizó a esta asesora retribuida con dinero público para gestiones personales, como la interlocución con patrocinadores de su cátedra o el seguimiento de sus negocios privados. El juez destaca que esta ayuda no fue un favor aislado, sino una utilización reiterada de medios estatales para beneficio del entorno del presidente.
"Hay al menos indiciarias evidencias de que fue ella quien solicitó la contratación de Álvarez precisamente por su relación de confianza con ella", señaló el instructor.
La decisión judicial planta cara a la estrategia de defensa de Gómez y del propio Pedro Sánchez, quienes han intentado desacreditar la instrucción en repetidas ocasiones. Tras esta resolución, las partes disponen de cinco días para presentar sus conclusiones provisionales. Mientras la Fiscalía mantiene una postura de sintonía con los investigados al pedir el sobreseimiento, las acusaciones populares han endurecido sus peticiones, solicitando penas que alcanzan los 24 años de prisión dada la gravedad de los delitos de corrupción y tráfico de influencias imputados.
Con la ratificación del juicio por jurado, será la propia ciudadanía la que deba valorar si la actuación de Begoña Gómez en los "palacios presidenciales" se ajustó a la ley o si, por el contrario, representó un abuso de poder sistemático. La citación de nuevos testigos para el próximo 14 de mayo confirma que la instrucción sigue avanzando a pesar de las presiones.
Fuentes: El Mundo, ABC, El Confidencial.
