El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó a 30 universidades de élite cancelar sus convenios de investigación con instituciones extranjeras consideradas riesgosas. Las autoridades fijaron como fecha límite el 31 de agosto para completar una auditoría integral sobre sus alianzas académicas. La medida busca frenar la transferencia no autorizada de tecnología y proteger la propiedad intelectual financiada con fondos públicos.
Las exigencias federales se enfocarán prioritariamente en detectar y neutralizar los lazos con organismos vinculados a China, Rusia e Irán. Los centros educativos enfrentarán la suspensión inmediata de financiamiento estatal en caso de incumplir los requerimientos de seguridad nacional. El ultimátum responde al riesgo de espionaje científico y explotación de innovaciones tecnológicas clave por parte de potencias adversarias.
Entre las instituciones notificadas figuran entidades de prestigio como Harvard, el MIT, Johns Hopkins, Georgetown, Cornell, UC Berkeley y Stanford. Las autoridades defensivas confirmaron que mantendrán bajo reserva la identidad de las 16 universidades restantes que integran la lista bajo fiscalización. La resolución aplica un criterio de tolerancia cero frente a acuerdos que vulneren los intereses estratégicos del país.
El procedimiento se sustenta en un registro publicado de 130 entidades extranjeras señaladas por facilitar el desvío de conocimientos sensibles. La nómina incluye centros como la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y la Academia de Ciencias Médicas Militares del régimen comunista. Las bases normativas provienen de las disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada en 2019.
Las decisiones desataron el rechazo de la representación diplomática de Pekín, que calificó las restricciones como un acto de politización académica. Por su parte, voceros del American Council on Education expresaron preocupación por los señalamientos generales dirigidos hacia el sistema universitario. La dirigencia educativa destacó que las facultades han colaborado activamente en la prevención de riesgos estratégicos durante los últimos años.
El cerco institucional coincide con investigaciones del Departamento de Justicia a Harvard por presuntas irregularidades en donaciones chinas para becas. De forma paralela, las agencias federales mantienen un rastreo estricto sobre la influencia de regímenes hostiles en proyectos de infraestructura regionales. Las acciones consolidan una política de resguardo integral de las capacidades tecnológicas de la nación.
La directiva coloca a las autoridades académicas en una posición de alerta permanente para preservar la continuidad de los aportes federales. El desenlace de las auditorías definirá la reestructuración de la cooperación científica internacional en los principales campus estadounidenses. Las instituciones deberán formalizar las desvinculaciones para garantizar la operatividad de sus programas de investigación científica.
(Con información de The Guardian y AP)
