La administración del presidente Donald Trump intensificó su postura crítica hacia la Corte Penal Internacional (CPI) mediante la imposición de sanciones financieras directas contra la presidente en funciones del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el fiscal principal Abdoulaye Seye, originario de Senegal. Las medidas congelan los bienes que ambos funcionarios posean bajo jurisdicción estadounidense e impiden de forma estricta que realicen transacciones con el sistema financiero de Estados Unidos.
El anuncio fue encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien describió a la institución con sede en La Haya como un organismo "corrupto y fatalmente politizado". De acuerdo con las declaraciones oficiales de la Casa Blanca, la decisión responde a lo que califican como un abuso de poder y una extralimitación funcional por parte de la CPI al intentar investigar, detener o procesar a ciudadanos y autoridades de naciones que no han dado su consentimiento ni son firmantes del Estatuto de Roma.
Las medidas punitivas se respaldan en una orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense en febrero de 2025, la cual establece la base jurídica para accionar contra miembros del foro judicial. Rubio instó de manera abierta a otros países aliados a retirar su financiamiento y participación dentro de la corte internacional, argumentando que se debe poner fin a la capacidad del tribunal para actuar en contra de estados no miembros.
Con esta resolución, el Gobierno de Estados Unidos reafirma la protección absoluta de su soberanía nacional e institucional, desautorizando cualquier intento de fuero externo para someter a juicio a ciudadanos, miembros de las Fuerzas Armadas o aliados de países que no han suscrito los tratados fundacionales del tribunal.
(Con información de Fox News)
