Fuerzas estadounidenses han incautado el petrolero Skipper, cargado con casi dos millones de barriles de crudo venezolano, que se dirigía al puerto de Matanzas en Cuba para suministrar petróleo al régimen de Miguel Díaz-Canel.
La operación, realizada el 10 de diciembre de 2025 frente a las costas de Venezuela, involucró a tropas de élite que abordaron el buque desde helicópteros Black Hawk sin registrar resistencia por parte de la tripulación, compuesta mayoritariamente por marinos rusos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura y la describió como la del “petrolero más grande jamás incautado”, afirmando que “fue confiscado por una muy buena razón” y que Washington se quedaría con el cargamento, valorado en alrededor de 80 millones de dólares.
El buque, registrado bajo bandera de las Islas Marshall y propiedad de Triton Navigation Corp., zarpó el 4 de diciembre desde el terminal petrolero José en Venezuela. Según documentos internos de PDVSA y datos de seguimiento marítimo, parte del crudo —alrededor de 50.000 barriles— fue transferido previamente al Neptune 6, que continuó rumbo a Cuba. El destino principal era el puerto cubano de Matanzas, bajo un contrato conjunto entre la estatal cubana Cubametales y empresas ligadas al comerciante panameño Ramón Carretero, sancionado por Estados Unidos.
La incautación forma parte de la política de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados, incluyendo la evasión de restricciones en el comercio de petróleo venezolano e iraní. Funcionarios estadounidenses han indicado que esta acción no será la última y que existen planes para intervenir otras embarcaciones en la red de exportación ilícita.
Tanto el gobierno venezolano como el cubano condenaron la operación. Caracas la calificó de “piratería internacional” y “robo descarado”, mientras que La Habana la denominó un “acto de piratería y terrorismo marítimo” que obstaculiza el suministro energético. Esta medida agrava la crisis de abastecimiento en Cuba, donde los envíos venezolanos, aunque aumentaron un 29% en 2025, siguen siendo insuficientes para resolver los prolongados apagones.
El incidente se enmarca en una escalada de presión estadounidense sobre Venezuela, que incluye un mayor despliegue naval en el Caribe y sanciones adicionales. Expertos señalan que podría encarecer y complicar las exportaciones de PDVSA, disuadiendo a navieras y elevando costos en una flota clandestina que opera con prácticas opacas para eludir controles internacionales.
