En un giro que añade mayor presión judicial sobre las finanzas y los métodos de captación de personal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la formación ha tenido que reconocer ante los tribunales que los pagos efectuados a María Leire Díez Castro, considerada una de las principales 'fontaneras' de la organización, fueron significativamente mayores de lo reportado en primera instancia.
A través de un nuevo escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, el partido admitió haber abonado un total de 44.859,40 euros brutos a la exmilitante por supuestos servicios periodísticos y de asesoría técnica de comunicación en la delegación de Cantabria. Esta cantidad triplica los 15.612,04 euros que el PSOE había declarado originalmente el pasado mes de diciembre en su primera respuesta al magistrado instructor, un informe que omitía la verdadera relación con Leire Díez.
La rectificación contable se produce por la exigencia del juez Arturo Zamarriego, quien, a instancias de la acusación popular ejercida por la organización Hazte Oír, requirió a los socialistas un desglose pormenorizado que incluyera los contratos, conceptos de los abonos, facturas emitidas y las modalidades de pago utilizadas para retribuir a la investigada.
Tras verse obligada a revisar la documentación contable de la organización a nivel estatal y requerir los datos al PSOE de Cantabria, la defensa legal del partido justificó el desfase alegando que Leire Díez encadenó dos contratos diferentes en calidad de trabajadora autónoma dependiente durante un periodo de dos años, inmediatamente después de haber cesado en sus funciones públicas como concejal en el ayuntamiento de Vega de Pas entre 2011 y 2015.
El desglose de los fondos remitido al juzgado detalla que el primer periodo contractual de Leire Díez abarcó desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017. Durante esta etapa, la investigada percibió la suma de 32.903,28 euros brutos, los cuales fueron canalizados por el partido mediante la tramitación de dieciocho facturas mercantiles consecutivas. Inmediatamente después, se formalizó una segunda relación contractual que se extendió desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 7 de septiembre del mismo año, fecha en la que se rescindió el vínculo de manera definitiva.
Por esta última fase de servicios en nómina en la estructura cántabra, el PSOE abonó a Leire Díez un montante complementario de 11.956,12 euros. La representación jurídica de los socialistas aclaró formalmente al magistrado que esta última cifra incluye, además de los honorarios mensuales correspondientes al ejercicio ordinario, el pago de la indemnización fijada por la rescisión unilateral del contrato comercial. Con este esquema, la investigada logró mantenerse bajo el amparo financiero de las estructuras partidistas durante diecinueve años de militancia activa, una protección que solo se quebró cuando salieron a la luz pública sus dudosas actividades de interferencia.
La investigación que se sigue en el juzgado madrileño no se limita a las irregularidades administrativas, sino que indaga si estos flujos de dinero camuflaban operaciones de contrainteligencia judicial. Los indicios apuntan a que Leire Díez, en supuesta coordinación delictiva y continuada con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, operaba con el fin de recabar información comprometida o irregular de los altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los fiscales adscritos a la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo final de estas maniobras era socavar la credibilidad de los investigadores y anular formalmente los procedimientos penales abiertos que afectaban de manera directa al Gobierno y al PSOE.
Los pagos percibidos en Cantabria no son los únicos abonos bajo sospecha que pesan sobre Leire Díez. El magistrado Zamarriego también mantiene el foco sobre las retribuciones que recibió por parte del exdirigente socialista Gaspar Zarrías. De acuerdo con las pesquisas, esta segunda contratación se produjo inmediatamente después de que la investigada mantuviera una reunión presencial de alto nivel en la sede central de Ferraz con Santos Cerdán, lo que a ojos de las acusaciones confirma la implicación de la cúpula nacional del partido en el amparo a la investigada.
(Con información de ABC y El Mundo)
