El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a ser centro de duras críticas al desestimar la declaración del estado de emergencia durante su visita a Marsella, tras los violentos episodios registrados el pasado 17 de octubre. A tan solo seis meses de los comicios presidenciales, el mandatario apeló al "debate democrático" en medio de una ola de saqueos y vandalismo, una postura percibida por diversos sectores como una flagrante muestra de debilidad e incapacidad para garantizar el orden público.
Durante su recorrido por el Ayuntamiento de Marsella, cuyas instalaciones sufrieron destrozos significativos, Macron se limitó a señalar que "no es normal que el país esté en este estado de ebullición". Sin embargo, la estrategia de su Ejecutivo —basada en fijar recorridos marginales para las marchas y toques de queda parciales— ha resultado insuficiente para contener a grupos violentos que atentan directamente contra la propiedad privada y las instituciones republicanas.
Descontento social y parches económicos ante la inflación
El actual ciclo de movilizaciones, alimentado por sindicatos y los 'chalecos amarillos', encuentra su origen en la inflación rampante y el fuerte deterioro del poder adquisitivo que asfixia a los hogares franceses. Frente a las protestas estudiantiles y gremiales, la respuesta de las autoridades se ha reducido a la creación de mesas de diálogo tardías y la promesa de un fondo de indemnización para comerciantes devastados por los pillajes.
Para amplios sectores de la oposición y del empresariado, la distribución de subvenciones estatales y la aceleración de coberturas con aseguradoras no compensan la falta de determinación oficial para resguardar la libertad de comercio. Las medidas anunciadas por el Elíseo son vistas como parches de gasto público que atacan las consecuencias y no las causas de la permisividad frente al vandalismo.
Un gobierno desgastado e incapaz de restablecer la autoridad
Con miras a las manifestaciones anunciadas para el 31 de octubre —advertidas como de alto riesgo por el propio Gobierno—, la insistencia de Macron en rechazar medidas extraordinarias de seguridad pública incrementa la incertidumbre institucional. Sus mensajes en redes sociales defendiendo que "destruir nunca será un derecho" resultan huecos ante la ausencia de una firmeza penal que disuada efectivamente la reincidencia.
A medio año de que los ciudadanos acudan a las urnas, la administración de Macron proyecta una imagen de desgaste acelerado, incapaz de poner fin al desorden en las calles y frenar el declive económico de Francia. La pasividad institucional y la falta de liderazgo frente al asedio callejero colocan a la nación en una posición de vulnerabilidad estructural.
(Con información de EFE y AP)
