El ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, presentó un conjunto de reformas para endurecer el control migratorio y facilitar la deportación de personas en situación irregular. La medida principal extiende el periodo de detención de 60 días a un máximo de seis meses prorrogables. El Gobierno busca garantizar que las órdenes de salida se ejecuten de manera efectiva y sin las dilaciones que afectaban al sistema previo.
La reforma suprime la fase administrativa que permitía a los inmigrantes recibir una invitación al abandono voluntario antes de proceder a la expulsión forzosa. Asimismo, se pretende evitar que las solicitudes de asilo o protección internacional funcionen como mecanismos para retrasar los procesos de retorno. Esta postura establece que el cumplimiento de las leyes de extranjería es una condición indispensable para la permanencia en territorio portugués.
El paquete incluye una revisión de los criterios que impiden las expulsiones, los cuales el Ejecutivo considera excesivamente amplios y permisivos en la actualidad. A partir de ahora, se exigirá demostrar una residencia efectiva y permanente en el país para evitar la repatriación, endureciendo los requisitos de arraigo. También se contempla extender los plazos de prohibición de reingreso para quienes hayan sido expulsados por incumplir la normativa.
António Leitão Amaro subrayó que, mientras se facilita la integración de quienes cumplen las normas, aquellos en situación irregular deberán afrontar el regreso a sus países de origen. Esta iniciativa forma parte de un endurecimiento general de la política migratoria que ya ha impactado en la Ley de Extranjería nacional. El objetivo institucional es priorizar el orden legal y la soberanía del Estado sobre los flujos migratorios no autorizados.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la propuesta será remitida al Parlamento para su debate y posterior votación por parte de los legisladores. Una vez superado el trámite parlamentario, la ley deberá ser promulgada por el presidente António José Seguro para entrar en vigor. Esta estrategia responde a una demanda de mayor control de las fronteras ante el incremento de la presión migratoria en la región.
Esta reforma representa un paso hacia la restauración de la legalidad vigente y la protección de la soberanía nacional frente a la inmigración ilegal. Al agilizar los trámites de expulsión, se establece un marco de consecuencias claras para quienes ingresen o permanezcan al margen de los canales oficiales. La gestión de los recursos públicos se enfoca de este modo en mantener el orden y el respeto irrestricto a la ley del país.
