La Unión Europea ha dado inicio este viernes 12 de junio a la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un conjunto de diez actos legislativos que reforma de manera estructural el funcionamiento de sus fronteras exteriores. Tras la finalización del periodo de transición de dos años, este paquete regulatorio busca sustituir los diferentes criterios nacionales por un procedimiento único dentro del espacio Schengen, en un intento por corregir los desajustes logísticos surgidos tras años de un flujo migratorio continuo que había tensionado los servicios de recepción de diversos Estados miembros.
La nueva normativa introduce un control obligatorio y unificado para cualquier extranjero que acceda de manera indocumentada a los límites del territorio comunitario. El procedimiento exige la realización de un cribado de identidad, verificaciones médicas y evaluaciones de seguridad en un plazo máximo de siete días en los puestos fronterizos, o de tres días si la retención se produce en el interior del país.
Para centralizar la información, se implementará la actualización de la base de datos biométrica Eurodac, que registrará de forma obligatoria las huellas de adultos y menores a partir de los seis años de edad, buscando evitar que los migrantes transiten o soliciten protección en múltiples países de forma sucesiva.
La reforma reduce a la mitad los plazos para la resolución de los expedientes de asilo, fijando un máximo de tres meses para los solicitantes que provengan de naciones consideradas seguras o que planteen un riesgo potencial para el orden público. Mientras se evalúa su caso, los extranjeros deberán permanecer en dependencias específicas situadas en las zonas fronterizas.
En caso de denegación, la orden de expulsión se emitirá de forma automática y se limitarán las opciones de apelación a una única instancia jurídica, agilizando los trámites de retorno forzoso o voluntario, e incluyendo la posibilidad de traslado a terceros países con los que se alcancen acuerdos bilaterales de readmisión.
En el ámbito de la política interna, el pacto establece un mecanismo de solidaridad obligatorio pero flexible que reemplaza al anterior esquema de distribución voluntaria. Según los datos de la Agencia Europea de Asilo, el bloque arrastra un volumen crítico de unas 802.000 solicitudes pendientes de resolución, concentradas inicialmente en naciones mediterráneas como Italia y Grecia, y posteriormente trasladadas mediante movimientos secundarios hacia países del norte como Alemania.
Con las nuevas reglas, los estados que no asuman de forma directa la acogida de una cuota de solicitantes deberán abonar compensaciones financieras o suministrar apoyo técnico para el sostenimiento de las fronteras.
(Con información de Associated Press y la Dirección General de Migración de la UE)
