La crisis migratoria desencadenada en Ceuta ha forzado la convocatoria de una reunión de extrema urgencia de los ministros de Interior de la Unión Europea para el próximo martes. La decisión, confirmada este sábado por la presidencia de turno del Consejo (en manos del primer ministro irlandés Micheál Martin), llega tras la alarma provocada por la penetración masiva de decenas de miles de inmigrantes ilegales en territorio soberano español en cuestión de horas.
La urgencia del encuentro no responde únicamente a la gravedad objetiva del asalto al perímetro fronterizo, sino al profundo malestar que la gestión de Madrid ha suscitado en el resto de capitales. Un bloque mayoritario formado por 22 países de la Unión ha señalado las decisiones del Ejecutivo socialdemócrata español (marcadas por reiteradas regularizaciones masivas y la condescendencia jurídica) como un severo "factor de atracción" que vulnera la seguridad del conjunto espacio.

Los acontecimientos en la frontera ceutí rebasan el ámbito de la emergencia humanitaria para constituir un cuestionamiento frontal a la soberanía de las naciones europeas. La permeabilidad demostrada en la linde sur deja ver la fragilidad a la que se expone el continente cuando se renuncia a un control de fronteras estricto, cediendo ante la presión migratoria descontrolada y la instrumentalización política de los flujos por parte del Reino de Marruecos.
La cita telemática del martes estará marcada por la exigencia de un viraje en la política de contención exterior. Socios de referencia dentro del espectro conservador europeo han dejado claro que la protección del espacio Schengen no puede quedar supeditada a la pasividad o a la improvisación de un solo Gobierno. En este sentido, varios Estados miembros han advertido explícitamente sobre la posibilidad de reintroducir controles fronterizos internos o de limitar la movilidad desde la península si no se garantizan el blindaje efectivo y la repatriación inmediata de los infractores.
Frente a la narrativa oficial que intenta calificar la situación como un incidente reconducido, los líderes del centro-derecha europeo demandan la puesta en marcha de protocolos estrictos de expulsión, el despliegue permanente de Frontex con mandato operativo de contención y el fin de los incentivos legales que alimentan las redes del tráfico ilegal.
(Con información de EFE y Europa Press)