El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió enviar a juicio oral a la exreina de belleza Jenniffer Dinora Bachez, conocida públicamente como “La Barby del Sur”. La jueza Abelina Cruz Toscano determinó que la acusación fiscal presenta elementos suficientes para procesarla por narcotráfico. En la misma resolución se incluyó al imputado Axel Omar Chavar Sánchez bajo los mismos cargos penales.
La investigación detalla que durante las intervenciones policiales las autoridades decomisaron 193 paquetes de cocaína y aseguraron 23 vehículos. Todos los bienes e insumos incautados fueron puestos a disposición de las unidades antinarcóticas de la Policía Nacional Civil. La fiscalía sostiene que la evidencia vincula directamente a los procesados con estructuras delictivas.
La recaptura de la imputada ocurrió tras revocarse un beneficio de libertad previa otorgado tras su primera detención. Durante el operativo inicial ejecutado en Escuintla, los agentes incautaron un arsenal de armas de fuego y cientos de paquetes de droga. Las maniobras de localización fueron coordinadas por las fuerzas de seguridad para lograr su aprehensión.
La jueza rechazó las peticiones presentadas por la defensa al considerar que existieron plazos adecuados para recabar pruebas a favor. Asimismo, la judicatura fijó para el 31 de agosto la audiencia de ofrecimiento de prueba. En esa diligencia se determinarán las evidencias admitidas para el debate oral y público.
El proceso judicial contra Bachez responde a una designación especial de la Corte Suprema de Justicia. La notoriedad pública de la imputada se debe a su participación en diversos certámenes de belleza locales en el sur del país. Sin embargo, la justicia avanza con el juzgamiento de las redes criminales operativas en el territorio.
Las autoridades continuarán con el seguimiento técnico para desarticular los canales logísticos de tráfico ilícito de estupefacientes. Las acusaciones formuladas por el Ministerio Público buscan la imposición de penas severas contra los responsables del comercio ilegal. La resolución reafirma el compromiso institucional en la lucha contra el crimen organizado.
El desarrollo de la causa mantendrá la supervisión sobre los implicados mientras se llega a la fase final del juzgamiento. La audiencia programada dará paso a la fijación del tribunal que dictará la sentencia correspondiente. La acción judicial pretende sentar un precedente firme contra la impunidad en el país.
(Con información de Infobae)
