La Fiscalía de Menores de Barcelona solicitó la medida cautelar de internamiento para seis de los 76 menores de edad arrestados durante los graves altercados, actos de vandalismo y saqueos registrados el pasado sábado en el centro de la capital catalana. Asimismo, el Ministerio Público requirió más de 20 providencias de libertad vigilada con la prohibición expresa de aproximarse a menos de 1.000 metros o participar en reuniones y manifestaciones públicas, tras el amplio operativo de las fuerzas de seguridad que se saldó con un balance de 130 detenidos.
De acuerdo con las cifras actualizadas por los Mossos d'Esquadra, el dispositivo policial desplegado ante los violentos disturbios desencadenados tras una convocatoria de la plataforma anónima Blocus se saldó con 130 personas bajo custodia (123 hombres y siete mujeres). De este total, 76 son menores de edad que continuarán pasando a disposición judicial de manera escalonada a lo largo de la semana, mientras que una cuarentena de los adultos arrestados fue trasladada hoy ante las autoridades judiciales acusados de saqueo, desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad.
La marea de violencia en las inmediaciones de la plaza de Catalunya dejó un saldo de catorce agentes de los Mossos d'Esquadra lesionados (cuatro de ellos de gravedad) y un efectivo de la Guardia Urbana herido, además de una treintena de locales comerciales destruidos y saqueados.
Daños cuantiosos, partida de ayuda municipal e investigaciones en curso
En el balance preliminar presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde Jaume Collboni cifró en 36.000 euros los destrozos ocasionados exclusivamente en el mobiliario urbano. Tras sostener una reunión de emergencia con los gremios de comerciantes del centro de la ciudad junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, el regidor anunció la activación de una partida extraordinaria de ayudas de 500.000 euros para apoyar a los pequeños y medianos establecimientos afectados mientras tramitan sus indemnizaciones ante las aseguradoras.
"Donde no lleguen las aseguradoras, llegará la Administración. No fue una protesta, fue una movilización muy sospechosa y hay que mirar quién la celebra e inferir quién puede estar detrás", aseveró Collboni.
Por su parte, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, advirtió que la policía autonómica mantiene abiertas las investigaciones, señalando que los Mossos d'Esquadra investigan la plataforma Blocus y solicitarán la intervención judicial de los grupos de mensajería en aplicaciones como TikTok, Telegram y WhatsApp desde donde se coordinaron los altercados.
Tolerancia cero ante nuevas convocatorias y exigencia de transparencia
El Departamento de Interior ratificó una política de "tolerancia cero" ante eventuales intentos de replicar estos desórdenes en próximas fechas, con especial atención a las convocatorias anónimas previstas para el sábado 31 de octubre. Parlon enfatizó que la violencia desatada en el centro urbano "no tuvo relación alguna con la defensa de derechos ni con reivindicaciones sociales legítimas", sino con acciones criminales premeditadas.
En el plano político, el grupo parlamentario de Vox anunció que exigirá al Ejecutivo autonómico el desglose detallado sobre la nacionalidad y origen de los 130 detenidos, en el marco de las acciones del bloque constitucionalista para respaldar el principio de autoridad, la seguridad ciudadana y el endurecimiento de sanciones frente a las estructuras que alientan la violencia callejera en suelo español, escenario cruzado además por la alerta de un llamamiento yihadista para atentar en España.
(Con información de El Mundo y 20 Minutos)
