La llegada de dos nuevos cayucos elevó a 400 la cifra de inmigrantes ilegales desembarcados en El Hierro este domingo. El desembarco masivo saturó de inmediato las capacidades operativas del muelle de La Restinga, donde las autoridades locales debieron recurrir a maquinaria pesada para retirar las embarcaciones del puerto.
Los buques de Salvamento Marítimo interceptaron la primera embarcación a solo una milla de la costa con 80 personas a bordo, mientras que una segunda embarcación fue escoltada con 106 ocupantes hacia tierra firme. Estas asistencias se sumaron al cayuco detectado a primera hora del día a nueve millas del archipiélago con 215 personas, consolidando una oleada incesante que mantiene desbordadas las instalaciones insulares.
La acumulación de más de una veintena de embarcaciones ilegales amarradas en el puerto evidencia la magnitud de la crisis migratoria que golpea al territorio español ante la inacción de las autoridades comunitarias.
La jornada dominical dio continuidad al violento repunte registrado durante el sábado, día en que se contabilizó el ingreso irregular de más de 700 personas en la isla de El Hierro y Lanzarote. Ante la imposibilidad de contener la avalancha humana en una isla con apenas 10.000 habitantes, los equipos de emergencia debieron organizar traslados masivos en ferri hacia Tenerife, planificando dos frecuencias diarias adicionales a partir de la próxima semana para redistribuir la carga migratoria hacia Gran Canaria.
El impacto del incesante flujo migratorio llevó al Cabildo de El Hierro a decretar la emergencia social, advirtiendo sobre el colapso absoluto de los servicios públicos, la sanidad y la atención ciudadana. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, junto al presidente de la comunidad autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, acudirán este martes a la sede del Gobierno español en el Palacio de La Moncloa para exigir soluciones inmediatas durante una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración, en un intento por frenar el impacto institucional de esta crisis.
Las autoridades insulares han denunciado de forma reiterada la pasividad del Ejecutivo central frente a la vulnerabilidad de las fronteras marítimas y la insuficiencia de los refuerzos sanitarios prometidos. Mientras la cúpula gubernamental convoca mesas interministeriales sin aplicar medidas efectivas de repatriación inmediata o disuasión en las rutas de origen, la población local enfrenta las consecuencias directas de la presión demográfica e inseguridad estructural.
(Con información de El Mundo)
