El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha vuelto a poner de manifiesto su errática política exterior al activar una serie de controles fronterizos dirigidos a pasajeros procedentes de Italia. La medida, que supone la suspensión de los acuerdos de libre circulación del espacio Schengen en conexiones aéreas y marítimas, afectó cerca de 200 viajeros procedentes del país transalpinos. Esta respuesta del Ejecutivo español se produce como una reacción partidista ante la decisión del Gobierno conservador de Giorgia Meloni de proteger sus propias fronteras tras la masiva avalancha migratoria sufrida recientemente en Ceuta.
Según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, las inspecciones aleatorias se desplegaron en doce vuelos que aterrizaron en los principales aeropuertos de la red estatal. Los aeródromos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat concentraron la inmensa mayoría de las intervenciones, sumando 150 ciudadanos de terceros países retenidos para la verificación de su documentación. El operativo, extendido también a plazas como Valencia, Sevilla y Bilbao, mantendrá su vigencia hasta el próximo 7 de septiembre.
El pasado 30 de julio, la ciudad autónoma de Ceuta sufrió una vulneración de sus límites territoriales con la entrada irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos, ante la pasividad e incapacidad de respuesta del Gobierno central. Frente al riesgo de que este descontrol fronterizo se propagara hacia el resto del continente, el Ejecutivo italiano de Meloni reintrodujo controles preventivos para salvaguardar la integridad de su territorio y del propio espacio comunitario.
Lejos de asumir sus graves deficiencias en el blindaje del flanco sur de Europa y corregir su política de puertas abiertas, la administración de Pedro Sánchez optó por amenazar a Roma y represaliar a una nación socia de la Unión Europea. Para intentar justificar esta arbitraria decisión ante las instituciones europeas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió una misiva a Bruselas escudándose en la supuesta amenaza de redes delictivas transfronterizas.
Sin embargo, diversos analistas y sectores de la oposición coinciden en que el dispositivo no responde a criterios de seguridad real, sino al resentimiento político de Sánchez ante la determinación demostrada por el Gabinete conservador italiano. El permanente goteo de fricciones diplomáticas provocado por el Gobierno de Sánchez no solo erosiona el prestigio de la nación en el exterior, sino que impone trabas innecesarias al turismo, al comercio y a la movilidad internacional.
(Con información de OK Diario y Reuters)
