El Parlamento Europeo aprobó este martes una asistencia financiera de 120,55 millones de euros para España con el fin de reconstruir las zonas devastadas por los incendios forestales del año 2025. La medida, respaldada en el pleno legislativo por una mayoría de 642 votos a favor representa el aval de la Eurocámara para liberar los recursos procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE).
De este modo, tras un anticipo de 30 millones, el Estado español recibirá el resto del capital en un pago único tras la validación final del Consejo de la Unión Europea, subsanando los estragos de la destructiva oleada de fuegos iniciada en agosto de 2025 que dejó ocho fallecidos. Los recursos se destinarán de manera directa a financiar las urgentes tareas de reconstrucción y estabilización en las 16 comunidades autónomas que se vieron afectadas por un total de 243 incendios.
La partida presupuestaria apoyará la restauración de infraestructuras básicas que colapsaron, incluyendo los sistemas de distribución de agua potable, gestión de aguas residuales, telecomunicaciones, centros educativos y las redes de transporte esenciales. Asimismo, estos fondos públicos cubrirán los altos costes logísticos derivados de las reubicaciones temporales de las familias damnificadas y el financiamiento de los equipos de rescate de emergencia que tuvieron que intervenir ante la virulencia de la catástrofe que azotó al territorio peninsular.
"A lo largo de 2025, España enfrentó una sequía prolongada, intensas olas de calor y varios brotes importantes de incendios forestales; los incendios más destructivos comenzaron en agosto de 2025 y obligaron a realizar evacuaciones masivas, además de provocar la muerte de ocho personas", señaló el Parlamento Europeo a través de un comunicado oficial emitido tras la votación.
La dotación de este rescate financiero reavivó los debates políticos dentro de la Eurocámara respecto a la gestión del gasto y las verdaderas prioridades de seguridad en las naciones afectadas. Eurodiputados vinculados a las fuerzas de la derecha conservadora y al Partido Popular Europeo (PPE) insistieron en que los recursos públicos deben concentrarse en la optimización de los cuerpos de respuesta y la prevención técnica, en lugar de diluirse en costosos proyectos ideológicos.
Los sectores conservadores sostienen que la verdadera protección de los ciudadanos y de sus propiedades se logra mediante planes nacionales de contingencia robustos y presupuestos sólidos para la defensa civil. Este paquete de asistencia económica validado por los eurodiputados no solo incluye los recursos para España, sino que asigna además 14,34 millones de euros para reparar infraestructuras en Rumanía y 9,21 millones de euros para Chipre por siniestros similares.
Mientras la Comisión Europea defiende el despliegue de aeronaves de extinción y expertos en las regiones de alto riesgo, los bloques de derecha advierten sobre la preocupante recurrencia con la que el Estado español debe acudir al auxilio internacional, recordando los 946 millones de euros asignados a Valencia en 2024.
(Con información de EFE y La Vanguardia)
