La Fiscalía Anticorrupción solicitó formalmente este miércoles la adopción de severas medidas cautelares contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El representante del Ministerio Público instó al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a decretar de manera inmediata la retirada del pasaporte del exlíder socialista, la prohibición absoluta de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial para firmar el acta de presencia.
🇪🇸‼️| Luego de la primera audiencia como imputado de Rodríguez Zapatero, la fiscalía pidió retirar el pasaporte del expresidente por riesgo de fuga y que se le prohíba salir de España. De acuerdo a Voz Populi, también se exige que comparezca ante el juzgado de forma regular. pic.twitter.com/GRTYCRLO8p
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 17, 2026
La petición del Ministerio Fiscal se fundamenta en la extrema gravedad de los delitos imputados y en el marcado carácter transnacional de la trama delictiva que, presuntamente, el ex jefe izquierdista del Ejecutivo lideraba en la sombra como lobbista. A juicio de la acusación pública, la red de contactos internacionales de alta influencia que ostenta Rodríguez Zapatero, sumada a la ramificación exterior de los flujos monetarios bajo sospecha, incrementa de manera exponencial el peligro de que el investigado intente hurtarse a la acción de la Justicia española.
A esta solicitud de arraigo forzoso se adhirió en bloque la acusación popular unificada, coordinada por el Partido Popular, mientras que facciones de la misma como Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum elevaron la presión solicitando, de forma subsidiaria, su ingreso en prisión provisional. El requerimiento de la fiscalía se formalizó inmediatamente después de que concluyera la primera sesión de una declaración indagatoria que se extendió por más de tres horas y media, y que continuará este jueves.
Durante el interrogatorio, y pese a la gravedad del escenario procesal planteado por Anticorrupción, Zapatero optó por una estrategia de control de daños y se negó por completo a responder a las preguntas de los fiscales del Ministerio Público. El investigado se limitó a contestar únicamente al juez Calama y a su propio abogado defensor, Víctor Moreno Catena, empleando su intervención para negar la existencia de cualquier irregularidad en el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, corporación que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el dinero de los contribuyentes españoles inyectado en la aerolínea Plus Ultra fue instrumentalizado para el blanqueo de capitales opacos procedentes del régimen chavista de Nicolás Maduro, en Venezuela. Los investigadores consideran que el expresidente se sitúa en el "vértice" de esta estructura delictiva ejerciendo un "liderazgo no visible". Para los fiscales, la necesidad de retener el pasaporte del exmandatario se justifica plenamente en la solidez del expediente, el cual incluye cargos por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, organización criminal, delito fiscal y contrabando.
Pese a los esfuerzos de Zapatero por desvincularse de la red en sus respuestas al juez, el magistrado instructor José Luis Calama emitió un auto de respuesta a las medidas cautelares donde dio la razón a las tesis de la fiscalía en cuanto al fondo del asunto. El juez determinó explícitamente que la declaración del político socialista "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación".
La resolución judicial confirma la existencia de fuentes de prueba contundentes, tales como la trazabilidad de transferencias bancarias directas hacia las cuentas de Zapatero vinculadas al rescate público, el uso de múltiples sociedades mercantiles instrumentales y el hallazgo en la caja fuerte de su oficina de piezas de joyería de contrabando valoradas en más de 1,3 millones de euros sin declarar.
Pese a que el juez Calama optó finalmente por desoír el requerimiento de la fiscalía y rechazó la retirada inmediata del pasaporte por entender de manera estrictamente personal que la "pública notoriedad" y el arraigo del expresidente mitigan temporalmente el peligro de fuga discreta, el Ministerio Público mantiene las alertas encendidas sobre el caso.
(Con información de El Debate y Diario Público)
