La Fiscalía General de Bolivia presentó una imputación formal contra el dirigente campesino Vicente Salazar, exigiendo seis meses de prisión preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. El Ministerio Público calificó la medida cautelar como idónea y necesaria para asegurar el avance de la etapa preparatoria del juicio. Salazar, líder de la Federación Túpac Katari, fue aprehendido por la Policía Nacional tras liderar los bloqueos que paralizaron el país por casi 50 días. El arresto representa una respuesta institucional clave frente a las protestas que buscaban forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El dirigente izquierdista enfrenta cargos por la comisión de cinco delitos graves contra el Estado, incluyendo terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. También se lo investiga por atentados directos contra la seguridad de los medios de transporte y los servicios públicos esenciales. La Policía Civil interceptó la camioneta donde viajaba el sospechoso en la ciudad de El Alto el pasado sábado por la tarde. Por su parte, la defensa técnica interpuso una acción de libertad a favor del detenido, bajo el argumento formal de supuestas fallas procedimentales durante el operativo de captura.
El prolongado conflicto social iniciado en el mes de mayo generó un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos de primera necesidad en las principales capitales. Los reportes oficiales confirmaron que los piquetes de las organizaciones sindicales provocaron pérdidas financieras calculadas en cerca de 3.000 millones de dólares. Además, el Ministerio de Salud vinculó los cortes de ruta de los sectores movilizados con el fallecimiento de al menos 14 personas. Las víctimas perdieron la vida debido a la imposibilidad de recibir asistencia médica oportuna por los cercos viales en el altiplano.
Las movilizaciones comenzaron bajo la dirección del sindicato de Salazar, sumando luego el respaldo de la Central Obrera Boliviana y las facciones cocaleras leales al socialista Evo Morales. El Poder Ejecutivo logró desactivar las medidas de presión hace pocos días mediante un acuerdo parcial y la declaración de un estado de excepción constitucional. Tras la detención del jefe de los cortes de ruta, la representación del Comité Cívico de Santa Cruz formalizó denuncias penales ampliadas. El bloque civil exige que la Justicia actúe con firmeza contra quienes impulsaron este intento de alzamiento contra el orden legal.
El vicepresidente de la entidad cívica cruceña, Agustín Zambrana, exigió la aprehensión inmediata del expresidente Morales y del secretario general de la central obrera, Mario Argollo. El representante cívico aclaró ante los medios de comunicación que la solicitud de captura no constituye un acto de revanchismo político, sino una demanda de justicia elemental. El vocero institucional afirmó que las cabezas de las agrupaciones radicales lideraron un movimiento de destrucción material del Estado. La dirigencia del oriente del país insiste en castigar el vandalismo para desalentar futuros chantajes contra el orden constitucional.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ratificó en declaraciones radiales que las fuerzas de seguridad del Estado ejecutan tareas investigativas para identificar a todos los culpables. El secretario de Estado confirmó que las citaciones e indagatorias judiciales incluirán de forma directa al expresidente Morales por su rol organizativo en las rutas. El funcionario nacional remarcó que todas las personas implicadas en el sabotaje logístico deberán rendir cuentas sin ningún tipo de excepción de fueros. La opinión pública nacional permanece a la expectativa del veredicto del juzgado penal en la audiencia de medidas cautelares.
(Con información de Infobae)
