El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció de manera oficial el fin de la grave crisis social que mantuvo en vilo al país andino, declarando de forma categórica que “el bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país”. Tras 53 días consecutivos de sabotajes viales promovidos por sectores radicales, el mandatario confirmó la liberación absoluta de los ejes de comunicación nacionales gracias a la firme aplicación del estado de excepción decretado el pasado 20 de junio.
La desarticulación de la protesta indígena-campesina se consolidó durante la madrugada del lunes, cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional recuperaron el control de las zonas más críticas del sector del Chapare, el principal bastión del expresidente y líder cocalero Evo Morales. El movimiento subversivo, que llegó a registrar más de cien cortes de rutas simultáneos con el objetivo de forzar la renuncia del actual jefe de Estado, se desmoronó tras la firma de un acuerdo previo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).
Este pacto estratégico dejó completamente solos a los grupos leales a Morales y a los campesinos del ala Túpac Katari, obligando al exmandatario a declarar un desesperado “cuarto intermedio” en las presiones viales, aclarando retóricamente desde el Trópico de Cochabamba que la suspensión de las medidas no significaba una rendición formal.
El impacto económico de la movilización integrista ha sido calificado como devastador por los gremios empresariales, quienes estimaron las pérdidas financieras en más de USD 2.500 millones, afectando de manera crítica el abastecimiento de oxígeno medicinal y combustible en siete de los nueve departamentos. Con el restablecimiento total del orden en las carreteras verificado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los precios de alimentos esenciales como el pollo y el huevo comenzaron a descender de inmediato en las ciudades de La Paz y El Alto.
El vocero del palacio de gobierno, José Luis Gálvez, destacó la resiliencia de la ciudadanía boliviana y aseguró que el decreto de emergencia emitido por el presidente Paz dejó expuestos y “solos a los violentos” ante la opinión pública nacional. El Ejecutivo denunció que la tiranía sindical encabezada por dirigentes como Mario Argollo, Vicente Salazar y el senador Nilton Condori pretendió utilizar el hambre de la población como un chantaje político para desestabilizar la democracia.
Ante esta ofensiva, el Ministerio de Gobierno confirmó el inicio de procesos judiciales penales de alta envergadura contra los responsables intelectuales de los disturbios y el colapso económico, asegurando que las leyes de la República se aplicarán de manera implacable contra quienes conspiraron para atentar contra la seguridad de los ciudadanos.
Con las calzadas libres de obstrucciones y el retorno paulatino a la normalidad civil, el presidente Rodrigo Paz aprovechó los actos en homenaje al fallecido líder democrático Antonio Araníbar para convocar a todos los sectores a un reencuentro nacional fundamentado en el respeto a la Constitución. El jefe de Estado enfatizó que el estado de excepción decretado se mantendrá vigente por el tiempo que sea estrictamente necesario para ordenar las instituciones y sanear las zonas vandalizadas por los grupos radicales.
La firme postura presidencial frente al golpismo de los Moralistas ha sido interpretada como un triunfo de la legalidad frente al vandalismo, consolidando la autoridad del Ejecutivo conservador en un escenario donde los izquierdistas intentaron forzar la ruptura del hilo constitucional mediante la violencia callejera.
(Con información de Infobae)
