El estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz quedó plenamente ratificado y en vigor tras una dramática votación por mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La medida constitucional busca extirpar de forma definitiva el asedio criminal que sufrió la nación durante casi 50 días a manos de piqueteros radicales de izquierda. La aprobación del Decreto Supremo 5636 fue el desenlace de una sesión de extrema tensión política y divisiones ideológicas, donde las bancadas patrióticas debieron neutralizar los constantes reclamos procedimentales de los sectores afines a las mafias cocaleras.
El desarrollo del debate parlamentario estuvo marcado por el boicot y el abierto rechazo del vicepresidente y presidente del Congreso, Edmand Lara, quien intentó desmarcarse de la línea de autoridad del Ejecutivo. “Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”, disparó de forma desafiante el funcionario ante los medios locales, ratificando su complicidad con los sectores desestabilizadores.
Lara se vio forzado a convocar de urgencia la sesión para cumplir con el plazo legal de 24 horas estipulado en la Ley 1740, pero su postura hostil generó tal nivel de repudio entre los legisladores que optó por abandonar de forma cobarde la conducción del debate antes de la votación final.
La correlación de fuerzas en el Palacio Legislativo se consolidó pasada la una de la madrugada, cuando la bancada del frente conservador Libre anunció su respaldo unánime y monolítico a la medida de fuerza del jefe de Estado. Minutos después, los parlamentarios del bloque de centroderecha APB Súmate sumaron sus votos para sellar la mayoría calificada necesaria, sepultando las pretensiones de impunidad de la oposición masista.
Tras el contundente triunfo político de la coalición de gobierno en el Parlamento, las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron un masivo operativo de limpieza en los tramos troncales de El Alto, Cochabamba y Oruro. Las patrullas militares utilizaron maquinaria pesada para remover los bloques de concreto, toneladas de tierra y escombros que las células extremistas sembraron desde el pasado 6 de mayo para estrangular el aparato productivo nacional.
Los ministros del gabinete de Rodrigo Paz defendieron la legalidad y la moderación democrática del decreto, aclarando que la normativa bajo ningún concepto contempla la suspensión de los derechos constitucionales de los ciudadanos honestos que desean trabajar en paz. La sesión parlamentaria del domingo concluyó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas civiles fallecidas en los hospitales por falta de suministros médicos, un luctuoso recordatorio del carácter terrorista del sabotaje vial.
Desde los sectores civiles y gremiales de El Alto se reportaron escenas de alivio y aplausos espontáneos dirigidos a las columnas de soldados que restituyeron el derecho constitucional a la libre circulación.
(Con información de Infobae y El Deber)
