El Gobierno de Bolivia rechazó de forma categórica la exigencia de amnistía general planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) y descartó la liberación de los delincuentes vinculados a los ataques armados y al uso de explosivos que mantuvieron al país bajo asedio durante casi cincuenta días. Tras la instalación de una mesa de diálogo en La Paz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, comunicó de manera oficial que se conformó una comisión especial con abogados del Ejecutivo, representantes legales del sindicato y fiscales del Ministerio Público para analizar individualmente la situación jurídica de cada procesado.
La administración central dejó en claro que no cederá ante las presiones de las cúpulas gremiales y que solo recuperarán la libertad aquellos ciudadanos que participaron en manifestaciones pacíficas sin incurrir en delitos graves contra la seguridad del Estado.
La firme postura de las autoridades bolivianas busca poner un freno definitivo a la impunidad, en momentos donde la COB y la Federación de Campesinos de La Paz pretenden forzar mediante la violencia la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Este violento conflicto social e insurreccional, que comenzó a principios de mayo, ha provocado hasta la fecha un trágico saldo de 16 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas, además de un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en las principales urbes.
Frente a este panorama de caos inducido por sectores radicales, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, condicionó el avance de cualquier negociación política al levantamiento inmediato e incondicional de los bloqueos de carreteras y exigió una tregua obligatoria para normalizar la libre circulación.
El equipo jurídico gubernamental trabajó de forma ininterrumpida durante toda la madrugada para diferenciar nítidamente a los manifestantes comunes de los criminales que emplearon armamento letal contra las fuerzas del orden. El balance de la brutal agresión de los manifestantes es alarmante: 55 efectivos policiales resultaron gravemente heridos, registrándose casos críticos de uniformados que sufrieron la pérdida de la vista o que recibieron impactos de bala en la cabeza.
La firmeza exhibida por el gabinete de Rodrigo Paz representa un golpe demoledor para las pretensiones de co-gobierno de la izquierda sindical, la cual pretendía dictar la política económica del país y prohibir de manera arbitraria las negociaciones con organismos financieros internacionales. Desde el Palacio Quemado se advirtió con firmeza que las exigencias políticas de la COB exceden por completo las competencias de un diálogo sectorial, sugiriendo a los dirigentes de Mario Argollo que la única vía legítima para alterar el rumbo económico del país es la participación electoral.
Mientras la comisión jurídica avanza en la entrega de las primeras resoluciones a los defensores de los detenidos, el Ministerio de Gobierno mantiene bajo evaluación permanente la declaración de un estado de excepción. Esta medida de fuerza constitucional sigue sobre la mesa presidencial y será aplicada sin titubeos en caso de que las células radicales de la COB decidan reactivar las hostilidades o negarse a restituir el orden público en los puntos de bloqueo.
Con los resultados formales de la revisión de casos listos para ser presentados antes de reinstalar las mesas técnicas, el Gobierno de Bolivia consolida una defensa inquebrantable del estado de derecho frente al vandalismo sindical. Las autoridades han demostrado que la soberanía nacional no se negocia bajo el chantaje de los dinamiteros y que el restablecimiento de la normalidad económica es una condición innegociable para el país.
(Con información de El Deber y EFE)
