La embajada de los Estados Unidos en Bolivia emitió una severa advertencia migratoria dirigida a los ciudadanos que participen en las manifestaciones violentas que sacuden al país andino y que exigen de forma abierta la renuncia del presidente Rodrigo Paz. A través de sus canales oficiales en la plataforma digital X, la delegación diplomática instó a la población civil a no poner en riesgo sus permisos de viaje con la campaña informativa "No arriesgues tu visa", aclarando que los implicados en disturbios se exponen a la denegación o revocación fulminante de sus documentos de entrada a suelo norteamericano.
El fuerte pronunciamiento de Washington se formaliza en este mes de junio de 2026, coincidiendo con la asunción del diplomático Erik Martini como nuevo jefe de misión en La Paz, en reemplazo de Debra Hevia.
Las protestas sociales y los piquetes de huelga, impulsados por facciones de izquierda que agrupan a colectivos de campesinos, cocaleros y sindicatos de trabajadores obreros, acumulan más de 40 días consecutivos de paros forzosos. Las medidas de fuerza e ingobernabilidad mantienen bloqueadas las principales carreteras nacionales, registrando sus focos más radicales en los departamentos de La Paz, El Alto y Cochabamba.
La persistencia de estas barricadas ha provocado un severo desabastecimiento de alimentos e hidrocarburos, disparando los precios de los productos de la canasta básica familiar. Hasta la fecha, las autoridades de salud contabilizan al menos diez fallecimientos, la mayoría provocados de manera indirecta debido a la imposibilidad de las ambulancias para sortear los cortes de ruta.
El explícito respaldo del Departamento de Estado estadounidense al mandatario boliviano representa una recompensa directa al histórico giro geopolítico que Paz implementó tras asumir el mando de la nación hace siete meses. Rompiendo con la tradicional línea de alineamiento con regímenes autoritarios, el jefe de Estado suramericano suspendió de forma tajante todos los convenios de cooperación militar con Irán y firmó el reingreso de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a territorio nacional.
Este realineamiento estratégico incluyó la incorporación activa de Bolivia al "Escudo de las Américas", una robusta alianza militar y de inteligencia continental promovida por la administración de Donald Trump para combatir con puño de hierro las estructuras del narcotráfico regional.
El apoyo militar y logístico de Washington se vio reforzado por las enérgicas declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien repudió los intentos de las minorías radicales por derrocar al gobierno constitucional boliviano. El jefe del Pentágono enfatizó que la Coalición Americana contra los Cárteles no tolerará el retorno del antiguo orden narcoterrorista que imperó en el corazón de Suramérica durante las últimas décadas de hegemonía socialista.
Hegseth aseguró que los aparatos de inteligencia estadounidenses permanecen en máxima alerta para detectar y neutralizar el financiamiento ilícito de las revueltas, asegurando que las agencias norteamericanas continuarán suministrando asesoramiento táctico al ejército de Paz para garantizar la estabilidad institucional del hemisferio occidental.
La llegada de Erik Martini a la jefatura de la delegación en La Paz busca precisamente consolidar y profundizar esta renovada arquitectura de seguridad bilateral en un momento de extrema polarización civil. El diplomático estadounidense cuenta con una vasta experiencia en la contención de crisis institucionales andinas, habiendo desempeñado funciones de alta complejidad como cónsul general en Guayaquil, Ecuador, y director de Asuntos Venezolanos en la Oficina del Hemisferio Occidental.
El ala conservadora del congreso de Bolivia respaldó plenamente la advertencia de la embajada norteamericana, argumentando que el derecho a la protesta no ampara la asfixia alimentaria de las ciudades ni el uso de dinamita contra la policía. El endurecimiento de las penas migratorias representa un factor de disuasión crítico para las élites políticas y gremiales bolivianas, que históricamente han utilizado el territorio estadounidense como refugio financiero, y que ahora se ven forzadas a decidir entre la moderación o el aislamiento internacional.
(Con información de Infobae y Reuters)
