El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha destapado una de las crisis humanitarias y de seguridad heredadas de la anterior administración demócrata. En una rueda de prensa ofrecida el pasado jueves, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que el Gobierno de Donald Trump ha logrado ubicar hasta el momento a 146.000 menores inmigrantes no acompañados que ingresaron ilegalmente al país en los últimos años. El funcionario confirmó que cerca de 300.000 menores continúan desaparecidos en territorio estadounidense debido al descontrol fronterizo del periodo anterior.
La actual administración republicana denunció que las autoridades del gobierno de Joe Biden permitieron que "patrocinadores sin verificar" acudieran a las fronteras para llevarse a unos 450.000 niños sin ningún tipo de filtro o seguimiento riguroso. La gravedad de esta política de fronteras abiertas quedó ratificada por la directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), Angie Salazar, quien reveló la detección de más de 81.000 direcciones postales que fueron utilizadas de manera repetitiva y sospechosa para acoger a múltiples niños, exponiéndolos a situaciones de extrema vulnerabilidad.
El informe oficial presentado por la Casa Blanca detalla las consecuencias de este desamparo institucional. La responsable de la ORR confirmó que, tras el cruce de información y las inspecciones en los hogares de acogida provisionales, se constató que parte de los 146.000 menores localizados sufrieron abusos sexuales, otros terminaron involucrados en redes criminales y algunos perdieron la vida. Ante esta realidad, el Gobierno federal endureció los protocolos y notificó que aquellos menores indocumentados que ya han alcanzado la mayoría de edad han sido incluidos formalmente en procesos de deportación expedita.
El secretario Mullin enfatizó que las medidas de control implementadas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca han reducido de manera drástica el flujo de menores no acompañados en la frontera sur. En la actualidad, el Ejecutivo estadounidense solo mantiene operativa una instalación especializada en el estado de Texas para albergar temporalmente a los núcleos familiares que intentan ingresar de forma irregular, eliminando los incentivos para el tráfico humano que imperaba en el pasado.
La Casa Blanca ratificó que no cederá en su estrategia de restablecer el orden público y el imperio de la ley. Tras el éxito de las redadas masivas efectuadas en metrópolis como Los Ángeles y Mineápolis, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que las grandes operaciones policiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se extenderán próximamente a las denominadas "ciudades santuario", con especial enfoque en Nueva York, para desmantelar de forma definitiva las estructuras de la ilegalidad.
(Con información de La Nación y La Gaceta de la Iberosfera)
