La Corte Federal del Distrito de Oregón sentenció a 30 meses de prisión a Robert Jacob Hoopes, tras declararse culpable de agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El ataque se perpetró durante una serie de manifestaciones frente a una sede de detención migratoria en la ciudad de Portland, en el marco de las protestas en contra de las políticas de protección fronteriza del presidente Donald Trump.
De acuerdo con los expedientes judiciales presentados por la Fiscalía, Hoopes formaba parte de los manifestantes que cercaban las instalaciones gubernamentales. En medio de los disturbios, el acusado arrojó una piedra que impactó en el rostro de un oficial de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO). El golpe causó una herida considerable sobre el ojo del uniformado, provocando sangrado, obstruyendo temporalmente su visión y requiriendo atención médica en un centro hospitalario para su sutura y tratamiento. El agresor se declaró culpable del cargo de agresión agravada con arma peligrosa contra un empleado federal.
La captura de Hoopes fue posible gracias al uso de herramientas tecnológicas por parte de los investigadores del FBI. Los agentes federales procesaron imágenes de los disturbios publicadas en medios de comunicación locales mediante softwares de reconocimiento facial. El sistema arrojó coincidencias en bases de datos públicas, permitiendo localizar una fotografía del sospechoso en los archivos de una universidad local. La identidad quedó confirmada al comprobarse que un tatuaje visible en su antebrazo coincidía con el del atacante registrado en los videos de la protesta.
Además de la pena de dos años y medio en una penitenciaría federal, la jueza Adrienne Nelson impuso al sentenciado una sanción complementaria de tres años de libertad condicional supervisada y la obligación de pagar más de 8.000 dólares en concepto de indemnización por los gastos médicos y daños causados. A pesar de que los familiares del detenido intentaron presentarlo ante la prensa como un "pacifista profundamente comprometido", el aparato judicial aplicó la norma penal con severidad con el fin de enviar un mensaje disuasorio a quienes pretendan ejercer la violencia en las calles.
(Con información de ABC y New York Post)
