La incertidumbre sobre la continuidad de las medidas de fuerza se mantiene en Bolivia al cumplirse cuarenta jornadas de un violento asedio promovido por corporaciones sindicales afines a las facciones de izquierda radical. Aunque el presidente de la república, Rodrigo Paz, manifestó que los puntos de protesta comienzan a desaparecer por la vía del diálogo, el eje troncal del país continúa sufriendo problemas de tránsito.
La Administradora Boliviana de Carreteras reportó que la cifra de piquetes activos descendió a 52 barricadas distribuidas en cinco departamentos, un número significativamente menor en comparación con semanas anteriores cuando el promedio diario superaba los 80 cortes simultáneos en el territorio.
Las movilizaciones fueron convocadas por sectores sociales radicales —incluyendo a la Federación de Campesinos Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y las milicias cocaleras de la región del Chapare— con el objetivo de exigir la renuncia del mandatario. No obstante, la disminución de los piquetes coincide con una evidente flexibilización de las demandas de los manifestantes, quienes pasaron de exigir la caída del gobierno a pedir una agenda de trabajo para negociar.
En medio de este escenario de desgaste, la Central Obrera Boliviana suspendió sin fecha su encuentro nacional programado en la sede de la Federación de Trabajadores Mineros de La Paz, desnudando profundas fracturas en las cúpulas gremiales. Durante los intentos de reunión, varios dirigentes fueron agredidos físicamente por ciudadanos indignados que les lanzaron objetos en rechazo a los efectos destructivos del cerco, que mantiene a las principales urbes bajo un severo desabastecimiento.
El clamor de la población civil para que el Poder Ejecutivo ordene una intervención directa mediante un estado de excepción constitucional ha ganado fuerza ante el encarecimiento de la canasta básica y la paralización del transporte público. A pesar de contar con el respaldo de una ley regulatoria específica para liberar las vías estratégicas, la administración del presidente Rodrigo Paz ha preferido priorizar las mesas de negociación pacífica con los huelguistas.
"Agradezco a quienes ponen al país primero; sigamos construyendo acuerdos para recuperar la normalidad y devolver la tranquilidad a las familias", escribió el jefe de Estado en sus plataformas.
La resistencia más dura contra el restablecimiento del orden legal proviene de los sindicatos de cultivadores de coca leales al socialista Evo Morales. Estos grupos radicales declararon públicamente que se organizarán de forma interna para resistir la estrategia de desgaste implementada por las fuerzas del orden, a la que califican como una táctica de asfixia.
(Con información de Infobae)
