La administración del presidente boliviano Rodrigo Paz descartó de manera oficial el pago retroactivo por un período de cinco años de la renta vitalicia correspondiente a la expresidenta constitucional de transición, Jeanine Áñez. A través de un pronunciamiento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las autoridades del área aclararon que no existe un asidero legal vigente que faculte al Estado para ejecutar dicho desembolso financiero.
La exjefa de Estado intentó tramitar los documentos correspondientes a su gestión presidencial durante el mandato del socialista Luis Arce, pero la persistente persecución judicial de las estructuras del MAS le impidió obtener los requisitos legales establecidos. Recién en diciembre de 2026, bajo la nueva administración gubernamental, se logró emitir la resolución ministerial que habilitó el pago mensual ordinario del beneficio previsional de expresidenta. Sin embargo, ante el reclamo formal presentado por Áñez para percibir los fondos confiscados de los años previos, el ministerio fue tajante al señalar que la Ley 376 no contempla de ninguna manera erogaciones previas a la fecha de habilitación del trámite.
Jeanine Áñez manifestó públicamente su rechazo a través de sus plataformas digitales, sosteniendo que su petición no constituye un privilegio corporativo sino un derecho inherente a su cargo. La exsenadora interpeló la lógica de las autoridades civiles al cuestionar si es justo que un ciudadano pierda años de un beneficio legal debido a las trabas políticas que el propio aparato estatal le impuso de forma arbitraria.
"Pido que se respete la ley y que se reconozcan plenamente los derechos que me corresponden como expresidenta constitucional de la república", argumentó la exlíder transitoria.
La irrupción de Jeanine Áñez en el Poder Ejecutivo se produjo en noviembre de 2019 tras la aparatosa fuga del país del líder de la izquierda radical, Evo Morales, quien pretendía consolidar un fraude electoral para perpetuarse de forma ilegal. La renuncia masiva de los cuadros oficialistas en la línea de sucesión forzó a la entonces segunda vicepresidenta del Senado a asumir la jefatura de Estado para pacificar la nación civil frente a los disturbios promovidos por los sindicatos cocaleros.
El retorno al poder del Movimiento Al Socialismo bajo la tutela del expresidente Luis Arce desencadenó un feroz ensañamiento judicial que mantuvo a la mandataria derechista recluida en prisión de forma arbitraria durante casi cuatro años. Las acusaciones ideológicas de presunto golpe de Estado y los cuestionados cargos por supuesta corrupción administrativa se desmoronaron tras el cambio de ciclo político, permitiendo que la justicia independiente anulara una sentencia de diez años en su contra en noviembre de 2025.
(Con información de Infobae)
