Este domingo 14 de junio, los ciudadanos mayores de 18 años acudirán a las urnas para votar en un referéndum la iniciativa popular titulada "No a una Suiza de 10 millones", promovida de forma decidida por el derechista Partido Popular Suizo (SVP). El proyecto constitucional propone establecer un tope estricto y definitivo a la población permanente del próspero país alpino (que actualmente cuenta con 9,1 millones de habitantes), con el objetivo de contener los efectos colaterales de la inmigración descontrolada.
Desde el año 2000, los residentes nacidos en el extranjero han pasado de representar uno de cada cinco habitantes a constituir un tercio de la población total, un índice de penetración que duplica el de potencias tradicionales como los Estados Unidos. La facción conservadora argumenta que esta llegada masiva de mano de obra ha saturado de forma alarmante los servicios públicos, disparado el coste de los alquileres, congestionado las redes de transporte y elevado los índices de delincuencia, quebrando el tradicional bienestar y la seguridad ciudadana de los cantones helvéticos.
De recibir el respaldo mayoritario de los votantes y de los estados, el plan del SVP se ejecutará de forma progresiva mediante un estricto blindaje fronterizo. El texto estipula que una vez que el censo alcance los 9,5 millones de residentes, el Consejo Federal estará obligado a dictar medidas de contingencia inmediatas, clausurando de forma prioritaria los programas de reunificación familiar y endureciendo las condiciones de permanencia para los nuevos solicitantes de asilo. No obstante, el diseño de la ley preserva la flexibilidad económica al permitir un flujo regulado de hasta 40.000 profesionales altamente cualificados por año para suplir las necesidades del sector privado.
El aspecto más contundente de la enmienda constitucional radica en las consecuencias internacionales si se llega al límite máximo. Si la población permanente toca el techo de los 10 millones de habitantes antes del horizonte de 2050, las autoridades suizas dispondrán de un plazo de dos años para ajustar los indicadores demográficos. De resultar insuficiente el endurecimiento de las cuotas de asilo, Berna estará obligada por mandato constitucional a rescindir de forma unilateral el acuerdo de libre circulación de personas firmado con la Unión Europea en 1999, un paso que los analistas de la prensa internacional comparan con el voto a favor del Brexit en el Reino Unido.
El malestar ciudadano ante la persistente inflación y el desborde de las infraestructuras mantiene las proyecciones en un margen de alta incertidumbre. Los sondeos preliminares revelan un escenario extremadamente reñido en el que la ciudadanía dirimirá si continúa cediendo espacios ante las exigencias de Bruselas o si ratifica un viraje hacia la protección de sus fronteras nacionales.
(con información de Reuters y New York Times)
