El dirigente opositor Andrés Velásquez ha denunciado formalmente que funcionarios del régimen chavista operan granjas clandestinas de minería de criptomonedas dentro del complejo hidroeléctrico de Macagua y la subestación Guayana, en el estado Bolívar. El exgobernador responsabilizó directamente a la mandataria regional del PSUV, Yulisbeth García, y al jefe local de Corpoelec, Rafael Rangel, de amparar y "proteger" esta actividad ilícita en la zona que constituye la columna vertebral energética del país.
La denuncia del fundador del partido La Causa R desarmó la campaña propagandística de la gobernadora García, quien días antes había celebrado el desmantelamiento de un centro residencial con 310 máquinas de minería digital por afectar la estabilidad de los hogares vecinos. Velásquez fustigó la supuesta cruzada oficial contra el fraude energético y exigió que las autoridades actúen con la misma firmeza para desmantelar las instalaciones que operan bajo resguardo militar en las represas del sur de Venezuela.
El auge de estas operaciones mineras ilegales por parte de los jerarcas chavistas incrementa el colapso del sistema de servicios públicos, arrastrando a los hogares venezolanos a vivir en la más profunda precariedad. A pesar de que el Ministerio de Energía Eléctrica ratificó a principios de mayo que cualquier infracción a la veda tecnológica sería sancionada con todo el peso de la ley, el favoritismo político garantiza la impunidad de las mafias, permitiéndoles capturar la energía remanente para eludir las sanciones financieras internacionales.
La urgencia del Ejecutivo por atajar la crisis de generación llevó a gobernadores oficialistas como Rafael Lacava, del estado Carabobo, a instaurar un sistema de delación ciudadana ofreciendo recompensas de mil dólares a quienes denuncien granjas clandestinas. Esta política de persecución vecinal contrasta con la tolerancia gubernamental en Bolívar, donde los técnicos de Corpoelec admiten de forma privada que el alto amperaje exigido por la minería satura los transformadores y eleva el riesgo de un colapso sistémico generalizado.
La utilización de los recursos del Estado para fines delictivos consolida la desconfianza de la población hacia la gestión de los servicios básicos, sometida a cortes de luz perpetuos que destruyen el aparato productivo. Los gremios técnicos e ingenieros independientes coinciden en que la represa del Guri y sus estaciones asociadas afrontan una vulnerabilidad extrema debido a la falta de mantenimiento estructural y a la sobrecarga eléctrica inducida por la corrupción verde-oliva.
(Con información de Infobae)
