La gobernadora izquierdista de Guerrero, Evelyn Salgado, considerada una de las aliadas más cercanas a la narcopresidente Claudia Sheinbaum, junto a ocho alcaldes de la entidad, fueron denunciados formalmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por su presunta complicidad directa, colaboración y omisión deliberada ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el grupo criminal “Los Ardillos”.
Entre los 8 alcaldes denunciados se encuentran:
- Mercedes Carballo Chino, alcaldesa de Chilapa
- Ángel Aguilar Romero, alcalde de Acatepec
- Alberto Michi Campos, alcalde de Tixtla
- David Astudillo Morales, alcalde de Quechultenango
- Pedro Ojeda Reyes, alcalde de Ahuacuotzingo
- Gerardo Mosso López, alcalde de Mochitlán
- Jesús Vázquez García, alcalde de Mártir de Cuilapan
- Guillermo Matías Barrón, alcalde de Atlixtac
🇲🇽‼️ | Evelyn Salgado, gobernadora cercana a la narcopresidente Claudia Sheinbaum, fue denunciada ante la Corte Penal Internacional acusada de ser cómplice del cártel de "Los Ardillos", un sangriento grupo criminal que azota el sur del estado de Guerrero ante la inacción de las… pic.twitter.com/gm59Uk0VjD
— UHN Plus (@UHN_Plus) May 31, 2026
La denuncia fue interpuesta por la periodista y activista indígena Marcela de Jesús Natalia, quien trasladó el expediente al organismo mundial para romper el cerco de total impunidad y desidia institucional que impera en el estado mexicano. El documento detalla cómo las autoridades locales han permitido una creciente ola de violencia, persecución y amenazas colectivas en el municipio de Chilapa y sus alrededores, dejando a las poblaciones vulnerables a merced de las bandas delictivas.
El alarmante expediente acusa de manera directa a los alcaldes de Chilapa, Acatepec, Tixtla, Quechultenango, Ahuacuotzingo, Mochitlán, Mártir de Cuilapan y Atlixtac, señalándolos como engranajes clave dentro de esta red de desprotección. Según la denuncia criminal, las agresiones armadas y los asedios se intensificaron drásticamente durante los primeros días de este mes de mayo, evidenciando una absoluta ausencia de Estado y de autoridad.
La ofensiva terrorista de este grupo criminal en la región de la Montaña Baja de Guerrero ha provocado el desplazamiento forzado de más de dos mil personas, quienes se vieron obligadas a abandonar sus hogares para salvar sus vidas. El modus operandi de los agresores, detallado minuciosamente ante los tribunales internacionales, incluye ataques armados coordinados, asesinatos, desapariciones forzadas y el uso de armamento de alto poder, sumado al despliegue de tecnologías avanzadas como drones explosivos contra la población civil.
Esta situación de desamparo refleja el fracaso rotundo de las políticas de seguridad laxas de la izquierdista mandataria que, en lugar de combatir con puño de hierro a las estructuras delictivas, permiten que los ciudadanos queden desprotegidos ante el fuego indiscriminado.
La red de narcocomplicidad expuesta en La Haya demuestra que algunos de los principales operadores y protectores de la organización criminal han ocupado cargos públicos e incluso presidencias municipales dentro del estado, corrompiendo las instituciones desde la raíz. Esta infiltración delictiva en las estructuras del poder político regional ha provocado la ruptura total del tejido comunitario, paralizando actividades esenciales como la agricultura local y los ciclos escolares, mientras destruye la herencia cultural de las comunidades indígenas.
Al cierre de la presentación internacional, el tribunal de La Haya analiza los elementos probatorios y testimonios aportados por la activista para determinar la apertura de una investigación formal por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Mientras las oficinas gubernamentales de Guerrero guardan silencio ante los señalamientos, las comunidades afectadas exigen el despliegue inmediato de fuerzas federales y una postura de tolerancia cero contra el narcotráfico y sus aliados políticos.
Con información de TV Azteca
