Cumpliendo con un compromiso central de su plataforma de gobierno, el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este martes 8 de septiembre el decreto ejecutivo que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país. La medida busca desmantelar una política preventiva obsoleta que desarmó a la población civil respetuosa de la ley mientras las estructuras criminales e insurgentes se abastecían impunemente de armamento pesado e ilegal.
Restablecimiento de garantías para la ciudadanía
El jefe de Estado justificó la decisión presidencial señalando que la normativa anterior invertía las prioridades del Estado, convirtiendo la prohibición de defensa personal en la regla general para los colombianos de bien. Con la entrada en vigor de la nueva directriz, el Gobierno garantiza que las personas que superen los estrictos controles institucionales puedan ejercer de manera legítima la protección de sus familias y patrimonios, dejando atrás años de desventaja frente a la delincuencia común.
"Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales seguían armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar. No hay derecho a que los bandidos estén armados y la gente decente no pueda defenderse", afirmó el presidente.
Controles rigurosos y combate frontal al armamento ilegal
La administración nacional enfatizó que la firma del decreto no significa bajo ninguna circunstancia un porte indiscriminado, por lo que se mantienen filtros rigurosos de evaluación física, psíquica, constitucional y de antecedentes judiciales por parte de las autoridades competentes. La estrategia integral contempla concentrar todo el poder del Estado en perseguir y quitar el armamento ilegal a las organizaciones delictivas, diferenciando claramente al ciudadano respetuoso de la norma de las bandas criminales.
"Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen estrictos requisitos y permisos. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla. Al ciudadano de bien, garantías; al criminal, todo el peso de la ley", enfatizó el mandatario.
Cifras que justifican el enfoque de seguridad
Para respaldar el cambio de doctrina en seguridad ciudadana, la Presidencia reveló datos oficiales sobre las incautaciones logradas por la Fuerza Pública entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, periodo en el que se decomisaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban directamente vinculadas a la comisión de delitos. Asimismo, el balance detalló que 980 armas pertenecían a disidencias (incluyendo 380 fusiles de guerra y 65 morteros de 60 milímetros), 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN, evidenciando que el verdadero objetivo de neutralización estatal debe recaer sobre las estructuras terroristas y no sobre la población civil.
(Con información de Abelardo de la Espriella vía X y El Tiempo)
