En una ofensiva enmarcada en la Estrategia Esmeralda Plus, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la DEA y la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una red transnacional dedicada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de capitales a gran escala. La denominada "Mega Operación Imperium", desplegada de manera simultánea en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, culminó con la detención de diez integrantes de la organización, de los cuales uno es requerido en extradición por los tribunales de Estados Unidos.
Las investigaciones penales acreditaron la alianza estratégica que la célula mantenía con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias "Richard", cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. La red criminal ejercía un control coercitivo e infiltraba los procesos logísticos en el puerto de Turbo, en Antioquia, camuflando cargamentos masivos de clorhidrato de cocaína dentro de contenedores de exportación comercial antes de su despacho a puertos extranjeros.
"Afectamos de manera contundente no solamente las capacidades operativas de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, sino también su músculo financiero", afirmó el brigadier general William Castaño Ramos tras la finalización de los operativos.
El brazo financiero de la banda operaba mediante mecanismos tecnológicos para evadir la acción de la justicia. La estructura movilizó más de 180 millones de dólares a través de billeteras frías y plataformas de intercambio de criptomonedas radicadas en Irán, utilizando servicios sancionados por la OFAC. En Colombia, bancarizaron cerca de 2,3 billones de pesos mediante 2.000 transacciones internacionales y el uso de empresas lícitas que canalizaban giros procedentes de Estados Unidos.
A la par de las órdenes de captura, las autoridades judiciales aplicaron la extinción del derecho de dominio sobre 39 bienes inmuebles y sociedades pertenecientes al grupo criminal, con un avalúo superior a los 12 millones de dólares. Los capturados enfrentan cargos por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, reafirmando el compromiso del Estado y las fuerzas de seguridad en la desarticulación del narcoterrorismo.
(Con información de El Colombiano, Revista Semana y Blu Radio)
