Altos mandos de la Guardia Civil han solicitado al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, una reforma legislativa urgente que autorice a los agentes a disparar directamente contra los motores de las narcolanchas durante las persecuciones marítimas. La cúpula del Instituto Armado sostiene que el marco normativo actual resulta "insuficiente" para hacer frente a la creciente agresividad de las organizaciones del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar y las costas del sur de España, donde cuatro efectivos han perdido la vida en acto de servicio durante los últimos dos años.
La modificación propuesta se centra en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya redacción vigente prohíbe el empleo de armas de fuego en este tipo de dispositivos de interceptación. De acuerdo con fuentes del cuerpo, neutralizar los propulsores mediante el uso de fusiles de precisión adaptados y a través de grupos de élite como el Grupo de Acción Rápida (GAR) o la Unidad Especial de Intervención (UEI) constituye la única alternativa operativa eficaz para frenar el avance de las embarcaciones de alta velocidad e intimidar a grupos delictivos que ya emplean armamento de guerra de calibres 5,56 y 7,62.
Los mandos sostienen que esta medida no carece de precedentes en el ámbito operativo español ni en la UE. Durante la macrooperación internacional Alfa-Lima, desarrollada el pasado mes de abril en aguas del Atlántico y el sur peninsular, el director adjunto operativo (DAO), José Antonio Llamas, emitió una orden extraordinaria para que la UEI abriera fuego contra los motores de una narcolancha e inmovilizara la nave. No obstante, los mandos reclaman que esta facultad quede protegida por ley para evitar la inseguridad jurídica de los funcionarios en intervenciones cotidianas.
La presión sobre la Dirección General del cuerpo, liderada por Mercedes González, se ha intensificado de forma paralela respecto a la mejora del equipamiento de protección. Tras el asesinato de dos agentes en el puerto de Barbate en febrero de 2024 y la reciente muerte de otros dos efectivos al colisionar sus patrulleras en una maniobra provocada por una narcolancha, las unidades del sur han exigido el blindaje de la flota de helicópteros y el reparto inmediato de chalecos antibalas adaptados para el personal aéreo.
Frente a la versión errónea del Ministerio del Interior, que ha calificado los últimos decesos en el mar como accidentes inevitables en el marco de la operatividad, los mandos de las unidades antidroga del Campo de Gibraltar reiteran que los grupos criminales ejecutan maniobras de embestida planificadas y aprovechan la falta de medios disuasorios de la Guardia Civil. La representación del Instituto Armado insiste en que equiparar la legislación española con los estándares de los países vecinos de la cuenca mediterránea es un paso ineludible para garantizar la seguridad de los agentes y restablecer el principio de autoridad en el litoral.
(Con información de La Gaceta de la Iberosfera y El Mundo)
