Un documento confidencial de inteligencia, revelado por la Revista Semana, confirmó la presencia de células clandestinas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc (comandadas por alias Iván Mordisco y Calarcá) en diez universidades públicas de Colombia. La infiltración se ha detectado en centros académicos de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Popayán y Neiva, mientras que las organizaciones criminales analizan extender sus redes a ciudades como Tunja, Armenia, Manizales, Ibagué, Fusagasugá y Villavicencio. El informe advierte sobre una estrategia estructurada para instrumentalizar colectivos estudiantiles, coordinar actos vandálicos y promover escenarios de desestabilización en las principales capitales del país.
De acuerdo con las investigaciones de los organismos de seguridad, la penetración guerrillera se canaliza mediante la captura de movimientos estudiantiles y organizaciones sociales con afinidad ideológica. Los grupos armados instruyen a los jóvenes en tácticas de agresión contra la Policía Nacional y financian la preparación de artefactos explosivos improvisados. Asimismo, las autoridades documentaron que los militantes son trasladados temporalmente a zonas campamentarias rurales para recibir entrenamiento militar en el uso de armas de fuego y adoctrinamiento político, para luego retornarlos a los entornos urbanos a replicar lo aprendido o incorporarlos definitivamente a las filas insurgentes.
"La principal amenaza se concentra en los intereses de los grupos armados ilegales de generar procesos de clandestinización que les permitan dinamizar acciones vandálicas y escenarios de desestabilización urbana", precisa el informe.
Redes de financiación interna y uso de recursos
El expediente detalla un esquema tripartito para el sostenimiento financiero de estas redes extremistas en las aulas: el envío de dinero en efectivo directamente por parte de los bloques guerrilleros, actividades de autosostenimiento y la instrumentalización de programas comunitarios. En cuanto al autofinanciamiento, los investigadores identificaron disputas por el control del microtráfico, venta de estupefacientes, hurtos y extorsiones dentro de los campus universitarios. Paralelamente, se rastrea el presunto desvío de recursos públicos asignados por administraciones locales a proyectos sociales y huertas comunitarias para subvencionar las operaciones logísticas de los colectivos radicales.
Las pesquisas judiciales permitieron establecer el perfil de los dinamizadores de violencia en los centros educativos, señalando a estudiantes que prolongan de manera premeditada sus carreras entre ocho y quince años mediante la cancelación de asignaturas, traslados o reprobaciones deliberadas para preservar la calidad de alumnos. Estos líderes actúan como reclutadores de jóvenes vulnerables mientras proyectan una imagen inofensiva ante directivos y profesores. De igual forma, los cuerpos de inteligencia denunciaron intentos del ELN y las Farc por manipular a docentes universitarios, aprovechando además los espacios públicos promovidos durante las negociaciones de paz para expandir su narrativa ideológica.
Postura del Ejecutivo y propuesta de intervención policial
Ante la gravedad de los hallazgos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una firme ofensiva gubernamental para erradicar el terrorismo que se cobija bajo el concepto de la autonomía universitaria. El jefe de Estado instruyó el diseño de un protocolo nacional de actuación que faculte a la Policía Nacional para ingresar a las instituciones de educación superior en situaciones de flagrancia, vandalismo o alteración grave del orden público. De La Espriella enfatizó que, si bien la protesta pacífica mantendrá todas las garantías constitucionales, la violencia contra la fuerza pública y la destrucción de infraestructura estratégica serán combatidas de forma decidida.
La postura presidencial obtuvo el respaldo inmediato de sectores en el Congreso, reflejado en el proyecto de ley radicado por el representante Simón Molina, de la colectividad Creemos, el cual plantea que el mantenimiento del orden público constituye un límite a la autonomía universitaria y faculta a los alcaldes a autorizar la incursión policial ante hechos graves de violencia.
(Con información de Revista Semana)
