El Gobierno nacional respaldó la decisión de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), argumentando que la adhesión a este tipo de plataformas multinacionales representa un gasto burocrático innecesario y una agenda heredada de la administración anterior. Desde la Casa de Nariño se ratificó que el país cuenta con las herramientas suficientes para velar por los derechos ciudadanos sin requerir la tutela o copresidencia de organismos externos.
El viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, Pedro Agustín Roa, enfatizó que la salida de la alianza no vulnera las garantías fundamentales en el país, puesto que Colombia posee uno de los marcos normativos e institucionales más robustos de la región en materia de protección de minorías. De acuerdo con el Ejecutivo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las políticas públicas existentes garantizan de forma plena los derechos individuales de todos los colombianos bajo el amparo de la Carta Magna, haciendo prescindible la adscripción a bloques internacionales de esta índole.
"La participación en este mecanismo no era prioritaria para los objetivos de nuestra política exterior. El Estado colombiano cuenta con institucionalidad propia para tutelar los derechos de todos los ciudadanos", explicaron voceros diplomáticos.
La determinación diplomática concuerda directamente con los compromisos programáticos asumidos por el presidente Abelardo de la Espriella desde su campaña electoral. Su gestión ha hecho énfasis en el fortalecimiento del modelo de familia tradicional y el rechazo a la adopción homoparental, buscando reorientar la política exterior colombiana hacia una agenda enfocada en la seguridad, la soberanía territorial y el pragmatismo económico.
Con la notificación formal enviada por la Cancillería, Colombia deja la copresidencia que compartía con España, marcando una clara distancia respecto a las directrices de la llamada Política Exterior Feminista. De esta manera, la administración saliente del ciclo anterior pierde representación en el bloque, mientras la gestión actual redefine las prioridades de cooperación internacional priorizando la autonomía jurídica nacional y el enfoque en el orden interno.
(Con información de El Universal y Asuntos Legales)
