El juez federal Alvin Hellerstein validó la propuesta conjunta formulada por la fiscalía de los Estados Unidos y la defensa técnica para fijar el inicio del juicio oral contra el ex dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores para el 1 de junio de 2027. La decisión fue adoptada durante la tercera audiencia de revisión del caso celebrada en la corte federal de Manhattan, estableciendo un calendario que extenderá la fase preparatoria por casi un año y medio.
La fijación del calendario judicial marca una nueva etapa en el expediente que busca juzgar definitivamente a quien encabezó el régimen chavista. Maduro, quien permanece privado de libertad en el Centro Detencional Metropolitano de Brooklyn desde su captura en Caracas el pasado mes de enero durante una operación militar estadounidense, enfrenta cargos graves por conspiración para el tráfico masivo de cocaína hacia suelo norteamericano, uso de armas de guerra y la instrumentalización del Estado venezolano al servicio de carteles del crimen organizado.
Durante la sesión en la corte federal de Manhattan, el equipo legal del ex tirano, liderado por el abogado Barry Pollack, intentó trazar las primeras maniobras para eludir la acción de la justicia. La defensa ratificó que presentará su primera ronda de mociones el 2 de septiembre de 2026, buscando la anulación del caso mediante argumentos desestimados por la comunidad internacional, como una pretendida "inmunidad diplomática" de jefe de Estado y la calificación de Maduro como un presunto "prisionero de guerra".
La sesión penal debió superar además intensas medidas de seguridad pública organizadas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El traslado terrestre de la pareja dictatorial desde la prisión de Brooklyn exige el despliegue de operativos blindados de alto nivel, motivo por el cual la cita (programada inicialmente para finales de junio) tuvo que ser postergada debido a la concentración de efectivos de seguridad durante las fechas finales del Mundial de Fútbol 2026.
Además de los cargos por narcoterrorismo que pesan sobre el dictador, Cilia Flores enfrenta imputaciones directas por su implicación en esquemas de importación de estupefacientes y tenencia ilícita de armamento pesado. El expediente expone la red opaca de complicidades familiares que caracterizó a la cúpula del poder en Caracas, desmantelando la estructura con la que el régimen pretendió justificar la persecución política y el saqueo del erario público.
(Con información de EFE y NTN24)
