Uun panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos dictaminó este viernes la suspensión temporal y el bloqueo de la ley estatal AB 1955. Dicha normativa, promulgada por el gobernador demócrata Gavin Newsom en julio de 2024, prohibía explícitamente a los distritos escolares y al personal docente notificar a los padres de familia si sus hijos menores de edad se declaraban transgénero o solicitaban el cambio de nombres y pronombres en las aulas.
La resolución judicial se posiciona de forma directa a favor de la ciudad conservadora de Huntington Beach y de los colectivos de padres de familia que impugnaron la medida. La sentencia ratifica que la normativa estatal vulnera de forma flagrante los derechos constitucionales elementales. Con este veredicto, el tribunal de apelaciones valida la ordenanza local del "Derecho de los Padres a Saber", una iniciativa municipal promovida por la exalcaldesa Gracey Van Der Mark para neutralizar el "secreto de género" impuesto desde Sacramento y proteger el vínculo natural e institucional de la familia frente al intervencionismo estatal.
"La decisión del Noveno Circuito es una poderosa reivindicación de los derechos parentales", manifestó Nick Barry, abogado principal de America First Legal.
El jurista recalcó que el estado de California no posee la facultad legal para utilizar los aparatos públicos ni coaccionar a los maestros y administradores escolares a participar en una "conspiración de silencio" deliberada en contra de los progenitores, quienes ostentan la responsabilidad legal y moral de velar por el bienestar integral de sus hijos.
El cambio de rumbo en esta batalla legal se sustenta en la doctrina reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para fundamentar el bloqueo de la AB 1955, el Noveno Circuito se apoyó en el dictamen del alto tribunal del pasado mes de marzo en el caso Mirabelli v. Bonta (con una votación de 6-3), el cual a su vez invocó el precedente del caso Mahmoud v. Taylor. Estas sentencias del máximo tribunal norteamericano han oficializado que son los padres, y de ninguna manera el Estado, quienes poseen la autoridad primaria, legítima y exclusiva con respecto a la educación, valores morales y crianza de los menores.
"Esta decisión es el resultado directo de la valentía de las familias que desafiaron el régimen de secretismo de género", celebró Paul M. Jonna, asesor especial de la Thomas More Society.
El dictamen marca un hito en la defensa de los derechos civiles en el sur de California, consolidando un blindaje judicial que frena la injerencia de las ideologías de corte progresista en la esfera de la minoría de edad.
(Con información de New York Post y Washington Examiner)
