La orden interna, instruye a los agentes federales de todo el país a priorizar la detección de esquemas fraudulentos asociados con el proceso de inmigración. Aunque dar a luz en los Estados Unidos no es un acto ilegal en sí mismo, una regulación federal implementada en 2020 prohíbe el uso de visas temporales de turista o negocios con el propósito principal de obtener la ciudadanía para un recién nacido. El enfoque del ICE estará en desmantelar las "casas de nacimiento" y las redes de facilitación organizada que explotan los procesos legales mediante el fraude y delitos financieros.
Desde su toma de posesión en enero de 2025, el presidente Trump ha impulsado una agenda agresiva para reducir tanto la inmigración legal como la ilegal. La Casa Blanca sostiene que el turismo de nacimiento crea una generación de ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin vínculos significativos con el país, lo que consideran una vulnerabilidad estratégica.
"El turismo de nacimiento desenfrenado representa un costo tremendo y amenaza nuestra seguridad nacional", afirmó la portavoz Anna Kelly, subrayando que la mayoría de las naciones del mundo no otorgan la ciudadanía automática por nacimiento
Tras una orden ejecutiva de Trump que instruía a las agencias a no reconocer la ciudadanía de hijos de extranjeros no residentes, varios jueces federales bloquearon la medida, enviando el caso a la Corte Suprema. Durante los argumentos orales de la semana pasada, el Procurador General, D. John Sauer, argumentó que la promesa de la ciudadanía ha fomentado una "industria en expansión" que atrae a miles de personas, incluso de "naciones potencialmente hostiles", para asegurar beneficios legales a largo plazo.
Si bien no existen cifras oficiales exactas, el Centro de Estudios de Inmigración estimó previamente que entre 20,000 y 25,000 madres viajan anualmente a EE. UU. bajo este esquema. En un contexto donde se registraron 3.6 millones de nacimientos en el país durante 2025, el turismo de nacimiento representa una fracción mínima del total, pero se ha convertido en un símbolo central del debate republicano para reformar la 14ª Enmienda de la Constitución, que históricamente ha conferido la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
Los antecedentes judiciales muestran que el gobierno está dispuesto a aplicar penas severas. En 2019, una operación en el sur de California resultó en cargos contra más de una decena de personas que operaban clínicas de lujo para mujeres adineradas, principalmente de China. Casos como el de Dongyuan Li, sentenciada a prisión por fraude, sirven de base para el nuevo despliegue del ICE, que ahora busca escalar estas investigaciones a nivel nacional para interrumpir las redes de financiamiento y logística que sostienen este mercado.
