Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió por nueve meses al partido Revolución Ciudadana, la organización política que lidera el expresidente Rafael Correa, mientras la Fiscalía profundiza una investigación por lavado de dinero. El caso apunta a un financiamiento irregular proveniente del entorno de Nicolás Maduro para la campaña presidencial de 2023.
La investigación cobró fuerza tras la declaración de Santiago Díaz, un exintegrante del partido que fue expulsado por un caso de violación a una menor. Díaz aseguró ante la Fiscalía que por orden directa de Correa trasladó dinero desde Venezuela hacia Ecuador para financiar la campaña, poniendo en riesgo su vida y la de su familia al colaborar con la justicia.

Como parte de las pesquisas, las autoridades allanaron la sede del partido y el domicilio de Luisa González, excandidata presidencial del correísmo. González rechazó las acusaciones y calificó los operativos como "persecución política", mientras los fiscales buscan pruebas que confirmen el flujo de dinero ilegal desde el régimen dictatorial chavista hacia la política ecuatoriana.
Rafael Correa reaccionó desde el exilio con fuertes críticas al gobierno de Daniel Noboa, al que acusó de utilizar las instituciones para neutralizar a la oposición. El exmandatario afirmó que su partido no fue notificado ni pudo ejercer defensa, y calificó al fiscal como un "funcionario de bolsillo" del actual gobierno.
La suspensión, inicialmente por nueve meses, podría extenderse hasta 24 meses si la investigación lo requiere. Revolución Ciudadana denunció que la medida busca dejarlos fuera de las elecciones locales de 2027, ya que el período coincide con la inscripción de candidaturas, mientras se profundizan las pesquisas sobre los vínculos financieros entre el correísmo y el círculo del ex narcodictador Maduro.