La ofensiva de la Administración Trump contra las tiranías hemisféricas ha alcanzado un punto de no retorno. Según una reveladora investigación publicada por The Washington Post, el Departamento de Justicia ha constituido un grupo de trabajo especializado con el objetivo de formular cargos federales contra funcionarios y entidades clave del régimen cubano. Esta iniciativa, que cuenta con la participación activa del Departamento del Tesoro, sugiere una escalada inminente no solo en el terreno judicial, sino en la presión económica total contra La Habana.
El Presidente Donald Trump ha sido transparente sobre sus intenciones: tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y la reciente eliminación del líder supremo de Irán, el "imperio del mal" en Cuba es el siguiente objetivo. "Es solo cuestión de tiempo", declaró el mandatario ante una audiencia de exiliados cubanos en la Casa Blanca. Trump ha pedido esperar un par de semanas, indicando que el gobierno estadounidense está priorizando la consolidación de sus victorias actuales antes de centrar toda su maquinaria en el colapso definitivo de la dictadura castrista.
Un eje central de esta presión es el reclamo de justicia por crímenes históricos, liderado por congresistas como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis. En una carta dirigida a la Fiscal General Pam Bondi, este grupo de legisladores exigió formalmente reabrir la investigación sobre el derribo de las avionetas de "Hermanos al Rescate" en 1996, un acto de terrorismo de Estado que costó la vida a cuatro civiles. En palabras de la congresista Salazar: "Es hora de que Raúl Castro sea llevado ante la justicia por este atroz crimen", una postura que ha ganado fuerza en los pasillos de Washington.
🇺🇸🇨🇺‼️ | El Departamento de Justicia de EE. UU. ha formado un grupo especial para presentar cargos federales contra los jerarcas de la dictadura cubana, según revela The Washington Post. pic.twitter.com/CIcWVejmeQ
— UHN Plus (@UHN_Plus) March 6, 2026
La estrategia judicial, supervisada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida —la entidad con mayor experiencia en desmantelar las operaciones ilícitas del régimen—, sigue el exitoso manual aplicado en Venezuela: primero la presión judicial, las acusaciones formales y, finalmente, la neutralización de los responsables. Este modelo ya demostró su efectividad cuando, en enero, las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y lo trasladaron a Nueva York, una operación que ahora se perfila como el destino inevitable para los jerarcas de La Habana bajo la nueva doctrina de seguridad nacional.
La investigación, tal como detalla The Washington Post, abarca delitos migratorios, económicos y crímenes de lesa humanidad. La elección de Miami como centro de operaciones judiciales no es casual; es un mensaje directo a la comunidad de exiliados que ha clamado por justicia durante décadas. La Fiscalía ha demostrado anteriormente su capacidad para llegar a lo más profundo del aparato de inteligencia cubano, y ahora, la mirada se dirige hacia los escalafones más altos del poder, con el objetivo de asegurar que ningún miembro de la cúpula cubana quede fuera del alcance de la ley estadounidense.
