El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una multa de 1.000 euros a un magistrado de una audiencia provincial tras confirmarse que utilizó ChatGPT para elaborar el borrador de una resolución judicial. La Comisión Disciplinaria ratificó que el juez incurrió en una falta grave de revelación de datos conocidos en el ejercicio de su función, al procesar información confidencial a través de la herramienta de OpenAI.
El incidente se descubrió debido a un error técnico del propio magistrado, quien incluyó involuntariamente en el texto final de la sentencia las consultas realizadas al chatbot. Según reveló El Español, este descuido permitió identificar que la motivación de la resolución se basaba en análisis informáticos generados por métodos artificiales.
Aunque el promotor de la acción disciplinaria propuso una suspensión de quince días por "ignorancia inexcusable", la mayoría de la Comisión optó por la sanción económica, subrayando que el juez mantuvo el control parcial sobre el fallo, aunque vulneró los cauces oficiales de tratamiento de información.
“El magistrado utilizó la inteligencia artificial como auxilio y complemento, pero no en sustitución de sus funciones judiciales”, dijo la resolución del CGPJ.
La Fiscalía, en un giro inesperado, se posicionó en contra de la sanción y solicitó el archivo del expediente al considerar que los hechos no constituían una infracción disciplinaria. Sin embargo, el CGPJ mantuvo la multa basándose en la reciente instrucción del 28 de enero, que regula estrictamente el uso de estas tecnologías en los tribunales. Esta normativa prohíbe taxativamente que la IA valore pruebas o aplique el derecho de forma autónoma, exigiendo siempre un control humano real y consciente para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los datos procesados.
Este caso marca un precedente en la judicatura española sobre los límites éticos y legales del uso de algoritmos en la administración de justicia. El Consejo ha recordado que los jueces solo están autorizados a emplear aplicaciones facilitadas y supervisadas por las administraciones competentes, prohibiendo herramientas comerciales abiertas que puedan comprometer la confidencialidad.
El episodio subraya la creciente tensión entre la modernización tecnológica y el rigor procesal en el ámbito del Derecho. Mientras el Poder Judicial avanza en la digitalización, este castigo económico envía un mensaje de cautela a toda la carrera judicial sobre los peligros de externalizar el razonamiento jurídico a sistemas no auditados.
(Con información de El Español)
