A una semana del terremoto del 28 de julio que sacudió la prefectura de Kumamoto, el Gobierno de Japón celebró este miércoles 5 de agosto la Séptima Reunión Extraordinaria del Cuartel General de Medidas de Respuesta ante Desastres. Durante la sesión, la primera ministra Sanae Takaichi actualizó la cifra oficial de víctimas mortales a 38 personas (incluyendo decesos relacionados de forma indirecta con la catástrofe) y ratificó la determinación del Ejecutivo federal para abordar de manera prioritaria la crisis humanitaria en la región afectada.
Actualmente, aproximadamente 7.100 personas continúan alojadas en refugios temporales de evacuación, mientras que miles de ciudadanos permanecen resguardados en sus viviendas o dentro de sus vehículos. Para contrarrestar las olas de calor extremo y prevenir el colapso sanitario, la administración central aceleró los traslados hacia evacuaciones secundarias en instalaciones hoteleras y residencias gubernamentales, otorgando absoluta prioridad a personas de la tercera edad, ciudadanos con discapacidad y familias con niños pequeños. Para disuadir el miedo a saqueos que frena las evacuaciones, la policía nacional reforzó el patrullaje de seguridad, la prevención de fraudes y la instalación de cámaras de vigilancia.
En el ámbito médico, ministerios y agencias sanitarias desplegaron equipos especializados como los Equipos de Enfermeras de Salud Pública, los DWAT y unidades de apoyo psicológico (DPAT) para prevenir golpes de calor, síndromes de la clase económica e infecciones en los centros de acogida. Paralelamente, como parte del apoyo logístico, el buque PFI Hakuo II del Ministerio de Defensa inició operaciones en el puerto de Yatsushiro para ofrecer baños, alojamiento y atención médica mediante el Equipo Médico de Desastres de la Asociación Médica de Japón (JMAT).
"El gobierno tiene la obligación seria de abordar la situación de cada persona afectada y brindar el apoyo necesario. Mobilizaremos todos los recursos disponibles con la firme determinación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance", afirmó Takaichi.
En el sector de infraestructura y abastecimiento, el Gobierno informó avances sustanciales. Aunque más de 40.000 hogares continúan sufriendo cortes de agua potable, el envío de personal técnico municipal prevé resolver las interrupciones entre principios y mediados de agosto, buscando la restitución total para finales de mes. Asimismo, el suministro de combustible se cuadruplicó, permitiendo que más del 90% de las estaciones de servicio en Yatsushiro, Uki e Hikawa reanudaran sus actividades, al tiempo que gigantes industriales como la fabricante de semiconductores TSMC y las principales plantas del sector automotriz han reactivado sus operaciones productivas.
Sin embargo, el escenario de emergencia se ha vuelto más complejo tras las advertencias de la Agencia Meteorológica de Japón sobre posibles réplicas de intensidad sísmica superior a 5 durante la próxima semana. A esta alerta se suma la aproximación del Tifón No. 13, previsto para bordear Okinawa y las Islas Amami entre el 7 y el 8 de agosto, lo que amenaza con golpear la región de Kumamoto con intensas precipitaciones, vientos huracanados y deslizamientos de tierra debido a la inestabilidad del terreno.
Ante el inminente fenómeno meteorológico, las Fuerzas de Autodefensa, bomberos y policía activaron un plan de contingencia para ejecutar inspecciones estructurales en los refugios, distribuir masivamente lonas de protección impermeable para viviendas dañadas y preposicionar bombas de drenaje y generadores eléctricos. El Ejecutivo nipón enfatizó que la prevención de desastres secundarios será la máxima prioridad operativa para evitar mayores pérdidas humanas y materiales durante la superposición del tifón y la crisis sísmica.
(Con información de Sanae Takaichi en X)
