Bel Air, Maryland (UHN Plus) -- Victor Antonio Martínez-Hernández, un salvadoreño de 24 años que ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde El Salvador, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 40 años adicionales, por la violación y asesinato de Rachel Morin, una madre de cinco hijos de 37 años. La condena, dictada el 11 de agosto de 2025 en la Corte de Circuito del Condado de Harford, en Maryland, un estado en la costa este de Estados Unidos, cierra un caso que ha destacado los peligros de la inmigración ilegal y la laxitud en el control de fronteras, según críticos conservadores.

El crimen ocurrió en agosto de 2023 en el sendero Ma and Pa Heritage Trail, un camino popular para caminatas en Bel Air, donde Morin fue atacada mientras realizaba ejercicio. Martínez-Hernández, fugitivo buscado en su país por otro asesinato, la golpeó brutalmente, la arrastró fuera del sendero y la violó antes de matarla, dejando su cuerpo oculto en un drenaje. El ataque fue tan violento que causó múltiples fracturas craneales. Morin, una mujer dedicada a su familia y a la comunidad, dejó huérfanos a cinco hijos de entre 8 y 18 años.

Martínez-Hernández cruzó la frontera sur de Estados Unidos ilegalmente en febrero de 2023, tras ser deportado tres veces previamente. Fue capturado en junio de 2024 en Tulsa, Oklahoma, gracias a pruebas de ADN que lo vincularon al crimen, y extraditado a Maryland. Durante el juicio en abril de 2025, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y violación en primer grado. En la audiencia de sentencia, la familia de Morin expresó su dolor, con su madre Patty Morin declarando que el acusado "no merece vivir" y que su hija "merecía justicia". El fiscal estatal Scott Shellenberger enfatizó que la sentencia asegura que Martínez-Hernández "nunca vuelva a ver la luz del día".

Este caso ha avivado debates sobre políticas migratorias en Estados Unidos, donde el flujo de inmigrantes ilegales ha sido vinculado a aumentos en crímenes violentos en algunos informes conservadores. Martínez-Hernández también enfrenta cargos pendientes en El Salvador por el asesinato de una mujer y su hija en 2017, y en Los Ángeles por otro asalto. La sentencia fue elogiada por grupos pro-seguridad fronteriza como un paso hacia la accountability, aunque defensores de inmigrantes argumentan que no representa a la mayoría.

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Fuentes: CBS News, KOMO News, NewsNation, Washington Post, Yahoo News, Star Tribune, Court TV, YouTube, Hoodline