La Asamblea Nacional debatió este martes 2 de junio el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La iniciativa legislativa llega al hemiciclo en primera discusión bajo una enorme presión interna y externa, forzada por la insostenible realidad de millones de venezolanos que sufren apagones diarios debido a la incapacidad crónica de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para cubrir la demanda interna.
El cambio de rumbo político, que históricamente centralizó el sector bajo un control estatal, se produce en un escenario donde el régimen chavista se ha visto obligado a ceder espacios de gestión ante la presión diplomática internacional. El cambio medular que contempla esta modificación legal es el levantamiento del monopolio del Estado para permitir la libre participación del sector privado y mixto, tanto nacional como internacional, en los procesos de generación y comercialización de energía.
Esta posibilidad se encontraba estrictamente prohibida en el marco jurídico vigente, diseñado durante la época de las nacionalizaciones. Según adelantaron fuentes parlamentarias, la reforma busca establecer las bases legales para que empresas particulares puedan invertir, producir y vender electricidad de forma autónoma, una medida que los gremios empresariales llevan años exigiendo como única vía de salvación para el aparato productivo.
El presidente de la Confederación Venezolana de Comercio (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, había insistido públicamente en la necesidad perentoria de adecuar la norma para que los privados cuenten con garantías jurídicas plenas. Los representantes gremiales sostienen que es fundamental que la nueva estructura legal permita concebir la prestación del servicio eléctrico como un negocio formal, rentable y seguro, especialmente orientado a abastecer a los grandes consumidores industriales que hoy operan a pérdidas.
La crisis eléctrica venezolana representa una de las mayores paradojas de la gestión pública contemporánea. Desde el año 2007, el Estado venezolano instaló más de 14,5 Gigavatios (GW) de potencia adicional, logrando que el país alcanzara una capacidad instalada nominal de 36,5 GW. Esta cifra teórica equivale a cubrir más de dos veces el consumo eléctrico actual de toda Venezuela. Sin embargo, la ineficacia administrativa y el abandono operativo han reducido esa capacidad a una fracción mínima.
Detrás de este colapso operativo subyace un historial de corrupción y despilfarro multimillonario que ha sido documentado detalladamente por expertos independientes. Durante las últimas dos décadas de administraciones chavistas, se destinaron más de 100 millardos de dólares de los ingresos de la nación con el supuesto fin de modernizar e incrementar la infraestructura del SEN. No obstante, auditorías y análisis técnicos dirigidos por especialistas en sistemas de generación estiman que al menos el 40% de ese presupuesto global terminó desviado en redes de corrupción, sobrefacturación y obras inconclusas.
(Con información de El Pitazo)
